Juan Huata Parillo, gerente general de la Sociedad de Beneficencia Pública, confirmó que la emisión del Decreto Legislativo 1411, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, da la opción global a nivel nacional para que todas las beneficencias públicas pasen al régimen privado.
“Según este decreto, el plazo para la adecuación a la presente norma por parte de las entidades involucradas es de aproximadamente 5 meses, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, mientras que el proceso de transferencia de funciones y competencias del Ministerio de la Mujer a los gobiernos locales provinciales sobre las Sociedades de Beneficencia que se encuentren pendientes, culmina el 30 de abril de 2019”, explicó.
Asimismo, mencionó que los 36 trabajadores nombrados que están en el régimen 276, si desean, pueden trasladarse al 728, aunque antes de ello deberán realizar los documentos de gestión, reformular una nueva estructura de acuerdo a las necesidades de cada beneficencia, con los puestos y los perfiles que se requieren, para lograr un manejo más empresarial.
Esta normativa también considera la atención más amplia, con algunos indicadores, al adulto mayor; la atención con mayor cobertura a los niños vulnerables y atender en los comedores a la población vulnerable. Asimismo, enfatizará las casas refugio para atender a la población que sufre violencia.
Huata Parillo recalcó que las beneficencias deben tener un manejo más empresarial, a fin de captar más recursos y realizar la atención de la población más vulnerable, según la normatividad; pero para que exista eficiencia, calidad y productividad, los trabajadores deben cumplir los perfiles y lograr lo estipulado.
Aclaró que el directorio tiene la máxima autoridad, pues tiene una autonomía económica y política, en tanto que las entidades del Estado, como la municipalidad, solo nominarán tres miembros del directorio.
Incluso presupuestalmente ya no dependerán del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Todo ello hace deducir que incrementarán el precio del alquiler de los 42 departamentos e inmuebles que pusieron en oferta.
Finalmente, señaló que las Sociedades de Beneficencia, bajo responsabilidad administrativa, estarán obligadas a reportar la documentación requerida por la Plataforma de Información para el seguimiento de las actividades de protección social, comerciales y administrativas.
