El Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – Tercera Etapa, más conocido como PTRT3, está nuevamente en el ojo de la tormenta, ya que solo cuenta con 10 personas para realizar su trabajo, en lugar de las 80 previstas.
Además, solo ha avanzado la mitad de la meta. De acuerdo con el plan de trabajo 2024, el objetivo para junio era llegar a los 20 mil títulos inscritos; sin embargo, solo alcanzaron 11 mil 802.
Por si fuera poco, en comparación con proyectos similares en otras regiones, el de Puno es el más costoso, ya que el presupuesto devengado al 30 de junio de 2024 supera los S/ 2 millones 711 mil 875.
Estas cifras contradicen las declaraciones del gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, quien afirmó que los resultados de este proyecto son óptimos y que todos los cuestionamientos eran mezquinos.
Cabe recordar que Los Andes advirtió sobre una serie de contrataciones con indicios de irregularidad, ya que los certificados de trabajo y otros documentos utilizados por quienes ocuparon las plazas estaban adulterados en varios casos, debidamente documentados por este matutino.
Todo esto se confirmó con la visita de la comisión de control a la sede del proyecto en Puno entre el 15 y el 18 de julio.
Lo primero que se descubrió es que este proyecto no cuenta con un responsable, dado que la orden de servicio del ingeniero responsable había vencido cuatro días antes.
Otro hecho sumamente preocupante es que, entre el 1 de enero y el 30 de junio, se generaron 80 órdenes de servicio para contratar a 70 profesionales, varios de ellos con irregularidades denunciadas por este matutino.
Sin embargo, después de mediados de junio, el número de profesionales cayó a solo 10, con una orden de servicio vigente, mientras que los demás tenían órdenes de servicio vencidas.
El área de levantamiento catastral fue la más afectada, ya que, de acuerdo con el presupuesto, se proyectaba la contratación de 49 profesionales, pero solo se encontraron cinco, lo que ha retrasado los trabajos.
La comisión de control también constató que los expedientes están apilados en el suelo, sin muebles ni ningún tipo de protección. No hay ni siquiera sillas, y los documentos están dispersos en las instalaciones del proyecto.
Todo esto, a pesar de que se destinó un presupuesto para la compra de anaqueles, muebles, estantes, escritorios, sillas, así como impresoras. Las impresoras láser están inutilizables, ya que sufrieron averías y nadie se ha preocupado por repararlas.
