Coata exigirá la presencia de los titulares del congreso y el ejecutivo con paro

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La desidia de los tres niveles de gobierno ha rebasado la paciencia de los pobladores de la cuenca Coata. A más de una década de lucha, mesas de diálogo y declaratorias de emergencia, no se plasma el plan de acción para la descontaminación de sus afluentes, pero sí denuncias contra sus dirigentes. Esta frustrante situación los lleva a iniciar un paro indefinido desde el 8 de noviembre.

Puno. Ya no creen en las promesas de los alcaldes de San Román, David Sucacahua; San Miguel, Eugenio Yupa; y menos del gobernador regional de Puno, Agustín Luque. Los pobladores afectados por la contaminación de la cuenca Coata quieren ahora la presencia del presidente Pedro Castillo, de la premier Mirtha Vásquez y de la presidenta del congreso, María Alva.

Para lograr ello, junto a sus dirigentes de los distritos de Huata, Coata, Capachica, Paucarcolla (Puno), Caracoto y Chilla (San Román), se están organizando para iniciar una paralización indefinida, toda vez que hasta el momento no se mueve una piedra para ejecutar el Plan de acción de descontaminación de la cuenca Coata.

‘Saludo a la bandera’

Según el presidente del Frente de defensa unificado contra de la contaminación de la cuenca Coata y el Lago Titicaca, Félix Suasaca, ese plan no es más que un ‘saludo a la bandera’, puesto que no cuenta con presupuesto para su ejecución y tampoco los tres niveles de gobierno cumplen con los compromisos asumidos.

El dirigente detalló que, desde el nivel central, no hay voluntad del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) para la ejecución de proyectos de saneamiento básico. En 5 años, son abastecidos medianamente de agua potable a través de cisternas. Asimismo, los ministerios de salud, agricultura y otros incluidos en el documento, brillan por su apatía.

El gobierno regional, además de la intermitente dotación de combustible para las cisternas, se habría olvidado de la atención en salud de los lugareños, a quienes -según el dirigente- se les encontraron metales pesados en el organismo. Igualmente, no se conoce de proyectos para la recuperación ambiental en la zona.

Resulta aún más indignante que en tantos años las municipalidades de San Román y San Miguel y Seda Juliaca, incumplan con la construcción de tres pozas de oxidación para las aguas residuales, planta de filtración en el río Torococha y una malla que retenga la basura que desemboca en su afluente.

Ironías legales

Resulta irónico que, a pesar del grave delito ambiental del que comparten responsabilidades las comunas de San Román, San Miguel y Seda Juliaca, por el vertimiento de aguas residuales en la cuenca Coata, las acciones penales en su contra estén paralizadas.

Al dirigente le llama la atención que en más de cinco años, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, a pesar de haber participado en varias diligencias a través de sus fiscales Óscar Jiménez y Federico Chávarry, no haya emitido siquiera un pronunciamiento sobre el caso.

No obstante, Suasaca ya tiene dos denuncias penales y una resolución emitida, ocho exhortaciones de la Fiscalía de Prevención del Delito y una advertencia para que no se acate el paro este 8 noviembre. “¿Por qué tanta celeridad contra los dirigentes y no contra los contaminadores?”, se pregunta el dirigente.

Para él y muchos otros defensores ambientales, esta inequidad en la acción legal representa un acto de intimidación y criminalización de la protesta. Por ello han recurrido a varias ONG de derechos humanos, organismos internacionales e incluso han elevado su caso a la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Acciones  

Félix Suasaca ya se encuentra en Lima, para que junto a otros defensores ambientales de 18 regiones, participen del “Encuentro Nacional de Voceros de la Poblaciones Afectadas por la Contaminación de Metales Pesados y Metaloides”.

Esta plataforma nacional, durante dos años, ha elaborado un plan multisectorial, al que debe asignársele presupuesto y convertirse en un programa permanente. Para tal efecto, los dirigentes se reunirán con representantes de la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas, etc.

Previa a la paralización del 8 de noviembre, para el 25 de octubre los representantes de todos los distritos afectados por la contaminación de la cuenca Coata se reunirán en el río Torococha. En ese encuentro definirán la plataforma de lucha y demás acciones a realizar.

En vista que los niños no pueden participar de las protestas, han optado por la poesía para expresar y sensibilizar sobre el drama que viven los habitantes de la zona por la contaminación a aguas residuales y metales pesados. La actividad está prevista para el 26 de octubre, en el Teatro Municipal de Puno.

Monitoreo

Ante el desinterés de algunas instancias nacionales, como el Oefa, ANA, ALT, entre otros, los lugareños han recurrido a instancias no gubernamentales del Gobierno Vasco, Codenet, Derechos Humanos de Puno, Duma, etc. Ellos los apoyaron en la toma de muestras para ver el nivel de contaminación y les dieron asistencia legal.

Félix Suasaca manifestó que en las muestras que se tomaron a varios pobladores, por laboratorios particulares, hallaron arsénico en algunos de los pobladores. En ello se fundamenta la insistencia para que el Estado monitoree la salud de los lugareños.

La fiscalía

Ante el malestar de los dirigentes, el fiscal especializado en Materia Ambiental de Puno, Óscar Jiménez Chura, aclara que no ha sido archivada ninguna de las denuncias por el caso de la contaminación en la cuenca Coata. Actualmente, se encuentra en etapa de investigación preparatoria.   

El fiscal explicó que en ellas están implicados los alcaldes de San Román, San Miguel y funcionarios de Seda Juliaca, e incluso se habría abierto un nuevo proceso tras una diligencia de casi un mes por la bahía del lago Titicaca y otras localidades ubicadas en la referida cuenca.  

Jiménez destacó tener en cuenta que la Fiscalía en Materia Ambiental actúa administrativa y legalmente sobre los delitos ambientales, pero negó que se haya denunciado a dirigentes. En el caso de Coata, evalúan las sanciones para los causantes de la contaminación y las omisiones de las entidades y funcionarios en resolver esa problemática.

Además, recordó que los gerentes de medioambiente de las municipalidades y el gobierno regional, también tienen competencia en estos temas. Finalmente, consideró que gran parte de la solución está en la parte técnica de los diferentes estamentos del Estado.

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