“Hasta que no exista un pronunciamiento del Tribunal Constitucional o de las instituciones permanentes, vamos a hacer valer el acuerdo de censura”, fueron las palabras del presidente del Consejo Regional de Puno (CRP), Luis Borda.
En un debate realizado entre el reconocido jurista Miguel Pino Ponce, el presidente del CRP, Luis Borda, y el consejero por Puno, Jorge Zúñiga, se sustentaron las alternativas que tiene el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, para mantener a dos de sus funcionarios.
Pino Ponce argumentó que el cambio del titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Ronald Chata, y del Gerente de Desarrollo Social, Ricardo Delgado, obedece a una cortesía diplomática por parte del Ejecutivo, debido a que la Ley no obligaría a cumplirlo.
“En derecho público, lo que no está permitido está prohibido. Cada testamento del Estado tiene funciones determinadas, y si no se establece no pueden ser ejercidos”, señaló.
Por otro lado, refirió que el acuerdo del CRP no sería de carácter vinculante y que, más bien, pretendería atribuirse funciones del Congreso de la República.
Al respecto, el presidente del CRP, José Luis Borda, precisó que bajo el principio de legalidad y presunción de validez, han procedido conforme a la Ley y la ordenanza que aprueba el Reglamento Interno del Consejo (RIC), ya que fue el Estado el que promulgó la norma.
“Mientras el Tribunal Constitucional o los órganos competentes no digan que es ilegal esa Ley, estamos en la obligación de cumplirla. Nos guste o no nos guste”, expresó.
CENSURA
Es decir, que el Legislativo seguirá emitiendo acuerdos sobre “censura” hasta que exista un pronunciamiento al respecto.
Por su parte, el consejero por la provincia de Puno, Jorge Zúñiga, precisó que la autoridad regional podría ser denunciada por omisión de funciones, debido a que el cumplimiento del acuerdo emitido por el pleno sería de carácter obligatorio.
“La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales dice que los acuerdos del Consejo los hace cumplir el gobernador; si desconoce esta disposición, tendremos que evaluar si hay omisión de funciones”, sostuvo.
Por último, indicó que mañana miércoles el Acuerdo Regional será elevado a los funcionarios censurados para que renuncien, y que también se le enviará al gobernador regional, para que en un plazo de 15 días hábiles observe o haga respetar dicha normativa.
