El procurador del Gobierno Regional de Puno (GRP), Iván Zantalla Prieto, interpuso una denuncia penal contra el aún gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, y su entorno más cercano, por el presunto delito de organización criminal.
En el caso está incluida la esposa de la autoridad regional, Olinda Pacheco Aguilar, y su pariente directa Narda Castillo Castillo (exgerente de infraestructura), Hilda Rosa Quispe Illcutipa (exjefa de logística del GRP), Jhon Wilfredo Martínez Molina (exjefe de asesoría jurídica del GRP), Enrique Almonte Pilco (exjefe de Recursos Humanos del GRP), Jhon Milton Vargas Coha, Eva Yovana Apaza Gómez, Yovana Alvarado Calcín, y Karina Huillica Huamán.
Según la denuncia, todos ellos habrían dirigido varias licitaciones, entre ellas la del Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno, por más de 329 millones de soles.
Más indicios
La procuraduría encontró más elementos que indican que se trata de una organización delictiva. Por ejemplo, que Agustín Luque no tenía entre sus atribuciones legales designar a dedo Wilfredo Martínez y menos bloquear la actuación del procurador Santiago Molina.
Procurador desplazado
Para ir a la conciliación solicitada por el Consorcio Altiplano, el GRP requería la actuación de la Procuraduría, entonces a cargo de Santiago Molina. En ese marco, Martínez debía emitir un informe para tal acción, según lo indica la Ley de Contrataciones del Estado.
Sin embargo, se encontraron documentos que prueban que el Área de Asesoría Jurídica simplemente hizo caso omiso a sus obligaciones. “(Jhon Martinez) se negaba a emitir opiniones legales para que el procurador sea autorizado a realizar las conciliaciones”, dice el informe.
Es decir, impedía que se hiciera cargo, pero, a la vez, le solicitaba informes. No autorizaba a que actúe, pero a la vez le exigía resultados. Con eso “ataron de manos” al procurador y luego el mismo Martínez solicitó facultades para negociar la conciliación, sin examinar debidamente si era conveniente.
En consecuencia, el procurador de entonces, Santiago Molina, denunció la omisión del asesor legal ante la Fiscalía de Prevención del Delito, aunque sin mayor efecto.
Conciliación forzada
Otro hecho que refuerza la tesis de un grupo corrupto, es que la conciliación fue motivada por una propuesta del Consorcio Chino. Dicha propuesta de conciliación fue examinada por la oficina de abastecimientos, la cual emitió el informe técnico Nº 2158-2021-GR PUNO ORA-OASA en el cual se sostiene que era inviable.
En ese entonces, el gerente Manuel Quispe (quien en la actualidad defiende a Agustín Luque) se manifestaba a favor de anular el contrato, pero extrañamente el GRP tomó otro camino.
Concertación irregular
En los delitos de corrupción se examinan conjuntos de hechos y su relación entre sí para llegar a un fin. Así, antes de las maniobras de Martínez, se dieron una serie de actos que sugieren que varias personas actuaron concertadamente, con roles y jerarquías.
Por ejemplo, a poco de que Agustín Luque asuma su cargo, todos los miembros de la comisión encargada del proceso de licitación para la construcción del hospital regional Manuel Núñez Butrón fueron removidos, y se colocó gente con lazos sanguíneos, políticos y amicales en gerencias y áreas vitales.
Se tiene constancia, luego, de que en la etapa de calificación de ofertas, el consorcio Pizzarotti obtuvo 98 puntos, mientras que el Consorcio Altiplano 96.18, pero los resultados no fueron publicados en el sistema OSCE, se retrotrajo el proceso y al final ganó el segundo postor. Todo esto probaría que se actuó como una organización criminal, en perjuicio del pueblo puneño.
Algo +
La audiencia de cesación de prisión preventiva solicitada por la defensa de Agustín Luque, fue postergada para hoy a las 10:00 horas.
