Escribe: J. Carlos Flores Vargas
La anulación del juicio a Keiko Fujimori deja serias dudas sobre el correcto funcionamiento del sistema de justicia peruano que pareciera estar a disposición de ciertos sectores del poder político en el país.
El Poder Judicial, siguiendo una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC), ha anulado el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros más de 30 acusados en el caso Cocteles.
Este proceso investiga presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal relacionados con el financiamiento de la campaña política de Fuerza Popular.
La decisión fue tomada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinó retroceder el caso a la etapa intermedia del proceso judicial, bajo el argumento de que la acusación fiscal había presentado inconsistencias, lo cual genera graves suspicacias sobre la idoneidad del sistema judicial en el país.
ENTRAMADO
Sin embargo, detrás de esta decisión se evidencia un entramado de maniobras que incluye cambios estratégicos en el Poder Judicial, movimientos clave en la Junta Nacional de Justicia y sentencias controvertidas del TC que han beneficiado a Fujimori y su círculo cercano.
Uno de los nombres más controversiales en este entramado es el de María Zavala, una figura clave en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el organismo encargado de designar y remover jueces.
Según testimonios de un colaborador eficaz, Zavala habría tenido reuniones con miembros de la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Aunque las denuncias no prosperaron inicialmente, la exfiscal Rocío Sánchez advirtió que un grupo vinculado al fujimorismo habría maniobrado para garantizar la presencia de Zavala en la JNJ.
Este tipo de influencias podría explicar decisiones recientes, como el reemplazo del juez Raúl Caballero Laura por Juana Mercedes Caballero García, quien asumió la presidencia del tribunal que anuló el juicio.
JUEZA CLAVE
La magistrada Juana Mercedes Caballero García no es ajena a la polémica.
En 2018, como integrante de la Sala de Apelaciones de Huaura, participó en la liberación de investigados por tráfico de drogas, como la banda ‘Los Diablos del Callejón de los Borregos’.
También fue responsable de liberar a Benedicto Jiménez, implicado en el caso Orellana, y a un senderista relacionado con el atentado de Tarata.
Estas decisiones generaron investigaciones, algunas archivadas en circunstancias poco claras.
Además, entre 2014 y 2015, Caballero García aumentó su patrimonio de manera significativa, lo que levantó sospechas sobre posibles irregularidades en su labor.
ACOSO
Paralelamente, el fiscal José Domingo Pérez, una de las principales figuras a cargo del caso Cocteles, enfrenta una serie de investigaciones internas promovidas por sectores ligados al fujimorismo.
Desde la anulación del juicio, la defensa de Fujimori ha intensificado su pedido para apartar a Pérez, acusándolo de sesgo y protagonismo político.
INCONSTITUCIONAL
La sentencia del TC que allanó el camino para la anulación del juicio también ha sido objeto de críticas. Según la exmagistrada Marianella Ledesma, esta decisión viola el inciso 2 del artículo 200 de la Constitución, que prohíbe a cualquier autoridad interferir en un juicio en marcha.
Ledesma incluso señaló que los magistrados responsables de esta sentencia deberían enfrentar acusaciones constitucionales.
La anulación del juicio no solo representa un revés para el sistema de justicia peruano, sino que también refuerza la percepción de que el fujimorismo ha tejido una red de influencias en instituciones clave para garantizar su impunidad.
Con un tribunal alineado a su favor, un TC cuestionado y una JNJ con actores vinculados a su entorno, Keiko Fujimori parece haber ganado una batalla crucial en su lucha contra las acusaciones en su contra.
Sin embargo, queda pendiente observar si la Fiscalía y otras instancias judiciales podrán reencauzar el caso para evitar que este sea un capítulo más de impunidad en el sistema judicial peruano.
SECUESTRO
Este entramado también revela un patrón de acciones que apuntan a desarticular investigaciones emblemáticas.
Además de lo ocurrido en el caso Cocteles, se han señalado otros intentos de socavar casos contra figuras clave del poder político, como el expresidente Alan García, a través de presiones internas en la Fiscalía.
La designación de magistrados con antecedentes cuestionables, como Juana Caballero García, refuerza las sospechas de que las decisiones no responden únicamente a criterios legales. La anulación del juicio, lejos de cerrar un capítulo, abre una nueva etapa de incertidumbre sobre el futuro del caso y la capacidad del sistema judicial para garantizar justicia imparcial.
DATO
La misma sala judicial que favoreció a Keiko, ordenó anular el juicio oral contra Chlimper, quien era investigado por los delitos de lavado de activos, falsa declaración y falsedad genérica. Su caso retornará a etapa intermedia.
MAS DATOS
La decisión del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional no supone la declaración de inocencia de la investigada, sin embargo, otorga tiempo a Keiko Fujimori para que participe en las elecciones del Perú.
CIFRA
30
Años y 10 meses es la pena que pide la Fiscalía por cuatro delitos presuntamente cometidos durante la financiación de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
