Manosean el trato para construir el hospital regional como les da la gana y el consorcio
se ahorra millones en penalidades mientras le preparan camino para cobrar sobrecostos. Por
otro lado, Pronis no tiene dinero para el proyecto.
Lamentablemente, el proyecto para la construcción de la nueva infraestructura del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno apunta a convertirse en una nueva estafa de
dimensiones colosales, vendida como una iniciativa de primer nivel por las autoridades regionales y nacionales.
A los cuestionamientos de especialistas se suma uno mucho más sólido por parte de la Contraloría General de la República, que advierte un manejo antojadizo de las condiciones contractuales, favoreciendo con millones de dólares al consorcio responsable.
Por otro lado, se evidencia una preocupante carga de demagogia por parte del gobierno regional y nacional, ya que no se cuentan con los recursos necesarios para ejecutar el proyecto, dejando abierta la posibilidad de que el consorcio incremente los costos sin garantizar la culminación de la obra.
Mientras que el presupuesto asignado para el ejercicio 2026 es de apenas S/ 18,204,085.00, la programación financiera actualizada revela que se requieren S/ 66,024,085.00 para cubrir los gastos previstos.
Esto solo con respecto al año 2026 puesto que, cuando se mira todo el avance del proyecto se encuentra un forado mucho mayor.
De hecho, la Contraloría General de la República a advertido que, el PRONIS ya ha comunicado oficial mente al consorcio francés (PMO de Francia) la suspensión de los servicios de asistencia técnica debido a las limitaciones presupuestarias derivadas de la Ley de Presupuesto para el Año
Fiscal 2026.
En tanto, solo para las cámaras, se anunció por todo lo alto, la firma de un contrato para la demolición de la vieja infraestructura, aún cuando el desalojo de las instalaciones de la Dirección Regional de Salud es asunto irresuelto.
EL BENEFICIADO
La Contraloría advierte que esta falta de previsión contraviene las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
De no corregirse, el proyecto no solo sufrirá una paralización física, sino que el Estado peruano se expone a un incremento millonario en el costo final del servicio debido a penalidades y reconocimientos de intereses a favor de los contratistas.
Es decir, ante la aparente “negligencia” en el presupuesto, los que se frotan las manos, son los directivos y accionistas del Consorcio, identificado frecuentemente como PMO Francia, el cual opera como una “PMO Directiva” encargada de brindar servicios de asistencia técnica para el diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del hospital bajo la modalidad de contrato de Estado a Estado.
También se frotan las manos los del Consorcio UKHA, el cual participa en el servicio relacionado con el lanzamiento de procuras para el paquete de proyectos que integra a Puno.
Ambas entidades privadas están bajo la supervisión del PRONIS, cuyos funcionarios también reciben altos sueldos mientras dure el proyecto.
HUELE MAL
El segundo aspecto sospechoso se encuentran en a supresión y reprogramación de 33 entregables
fundamentales de las Fases 2 y 3 del proyecto; es decir, la tarea total se divide en pequeñas tareas que se deben cumplir de acuerdo a un cronograma y se pagan según se cumplen.
Lo grave, según el ente de control, es que al menos 25 de estos productos ya se encontraban vencidos y con retrasos evidentes antes de que se firmara la nueva adenda. Bajo las condiciones originales del contrato, el consorcio debía enfrentar una penalidad del 0.1% de la UIT por cada día de atraso.
Sin embargo, al “desaparecer” o cambiar las fechas de estos compromisos mediante la adenda, se ha afectado directamente la capacidad del Estado para exigir y cobrar dichas multas, dejando al proyecto sin mecanismos de castigo ante la ineficiencia.
SIN SUSTENTO
Sin sustento y en la opacidad. El informe de control es tajante: estos cambios carecen del sustento técnico-legal necesario que exige la normativa de contrataciones de Estado a Estado. Aunque el PRONIS y el contratista argumentaron que estas modificaciones buscaban “acelerar” las metas del hospital, la realidad técnica cuenta otra historia.
Al momento de la firma, estudios críticos —como el de suelos y el de impacto vial— aún estaban calificados como “en proceso de elaboración”, lo que desmorona el argumento de una optimización real del cronograma.
AVISADOS
Diarios Los Andes advirtió sobre los malos antecedentes del. consorcio EGIS AP-HPI. El Grupo Egis ha sido sancionado por el BID por prácticas de fraude y corrupción en proyectos, lo que generó cuestionamientos éticos al momento de adjudicarle contratos en el país. En el Hospital Antonio Lorena (Cusco), donde brinda asistencia técnica desde 2020, la Contraloría ha advertido retrasos significativos, penalidades por incumplimientos en la presentación de avances, incremento injustificado del presupuesto (que pasó de US$7 millones a más de US$15 millones con adendas), pagos millonarios (casi 80% del contrato) y riesgos de paralización con más de S/1,462 millones en peligro.
En suma, el gobernador regional Richard Hancco entregó el hospital a los lobos.
DATO: En el Hospital Goyeneche (Arequipa), la Contraloría detectó irregularidades en su adjudicación, como la designación de un experto en gestión de calidad que no cumplía con
los requisitos de experiencia y certificaciones exigidos y otros.
Redacción: J. Carlos Flores Vargas
