Veinte, treinta o cuarenta años, aparentemente no son nada en nuestro país
José De Echave C.
Un reciente artículo de Cecilia Méndez plantea varias pistas para la necesaria reflexión en estos tiempos turbulentos y, sobre todo, para revisar la larga lista de temas pendientes que tenemos como país. El artículo comienza con una cita de Luzmila Alarcón, pobladora de Ayacucho: “La justicia no existe para nosotros, los campesinos”. Si no fuese porque se precisa la fecha de la declaración de Luzmila Alarcón (diciembre 2022), ésta podría calzar perfectamente con los testimonios recogidos en su momento por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), aproximadamente hace 20 años y que provenían de los años de la violencia terrorista y del conflicto armado interno.
Pero hay otra parte del artículo que nuevamente nos lleva a pensar en lo que le pasó al país y, lamentablemente, le sigue pasando: los lugares con el mayor número de asesinatos en las manifestaciones de este mes de diciembre, incluyendo niños y adolescentes, han sido Ayacucho (10) y Apurímac (6). Cómo no volver a pensar en los pasajes del informe de la CVR, en los que se señala que, precisamente, en regiones como Ayacucho, Apurímac y otras vecinas, “se concentró el 85% de las víctimas registradas, principalmente campesinos de áreas rurales, poniéndose así de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún predominan en el país”. Transcurridos 20 años del informe de la CVR y 40 años del inicio del conflicto armado interno, pareciera que nada sustantivo ha cambiado.
Volvemos a citar el artículo de Cecilia Méndez: “…el abuso de la fuerza por parte de las FF.AA. al amparo del estado de emergencia decretado por Boluarte y su ahora premier Otárola, recae solo sobre ciudadanos de cierto perfil: gente de regiones y zonas rurales, hijos de familias quechuahablantes en pobreza extrema”. “En otro (video), de la misma región, se ve cómo los policías destrozan a patadas una olla común en Abancay, arrojando la comida al suelo”. Testimonios recogidos señalan que los policías les decían “indios” y “terroristas”. Este mismo comportamiento de la Policía Nacional se ha visto en varios casos de conflicto en zonas con presencia minera.
En suma, veinte, treinta o cuarenta años, aparentemente no son nada en nuestro país; en varios aspectos las cosas siguen igual. El comportamiento de las fuerzas policiales y militares siguen casi el mismo patrón de los años 80 y 90 y, los indolentes gobernantes del pasado también se reproducen en la actualidad: basta mencionar declaraciones como las del ahora expresidente del consejo de ministro de Dina Boluarte, Pedro Angulo, que en una entrevista intentaba justificar la violenta represión policial de la siguiente manera: “traen gente de altura, como en Andahuaylas, que no habla español”.
El informe de la CVR señaló de manera precisa las enormes fracturas sociales que existieron y que, a todas luces, todavía existen en nuestra sociedad; así como a la evidente relación que se produjo entre la situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de la violencia; a las desigualdades de índole étnico-cultural que aún predominan en el país: “la tragedia nunca fue asumida por el resto del país, el cual se ha mantenido ajeno al conflicto, demostrando un velado racismo”.
La reparación implicaba corregir las actitudes racistas que subsisten. En la etapa de transición se esperaba que retornando a la democracia, la nueva gobernabilidad y la justicia tenían que asumir esa tarea. “La reconciliación no es posible si no va acompañada de un ejercicio efectivo de la justicia”. Por ello, el informe de la CVR proponía un proceso de Reconciliación Nacional. Lamentablemente, nada de eso fue hecho y todo ese proceso quedó trunco.
