Redacción: Alexandra Sanca
En los alrededores del Mercado San Camilo, la calle Ormeño y San Juan de Dios, en el centro de Arequipa, se registra diariamente la presencia de decenas de adultos mayores que continúan realizando actividades laborales en horario nocturno. Los ciudadanos, muchos de los cuales superan los 70 y 80 años de edad, se dedican a la venta de alimentos, golosinas y al transporte de mercadería con el único fin de costear sus gastos más urgentes.
Esta preocupante situación evidencia una problemática social recurrente que se replica con fuerza en diversas regiones del país. De acuerdo con los indicadores oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una parte considerable de la población de la tercera edad en el Perú labora dentro del sector informal, desprovista de un sistema de pensiones o jubilación.
Especialistas en la materia vinculan esta dura realidad con los niveles históricos de informalidad y la ausencia estructural de protección laboral en las últimas décadas. Al respecto, el exministro de Trabajo, Rudecindo Vega, señaló que la informalidad laboral a nivel nacional se sitúa entre el 75 % y el 80 %, un factor crítico que priva directamente a los trabajadores de estabilidad económica durante su vejez.
En el ámbito local, las cifras oficiales también muestran un escenario sumamente crítico para esta población vulnerable. A nivel provincial, la gerenta regional de Trabajo, Mary Ann Zúñiga Lluncor, advirtió que más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra desprotegida bajo este esquema informal, lo que obliga a los ancianos a buscar el sustento diario en la vía pública.
Para sociólogos como Silvana Vargas, investigadora de la PUCP, la presencia de ancianos trabajando bajo el frío nocturno del Cercado constituye la consecuencia directa de una fractura estructural en el pacto intergeneracional del país. En sus análisis explican que décadas de informalidad crónica impiden la consolidación de un sistema previsional real, transfiriendo toda la responsabilidad de la supervivencia al individuo y debilitando las redes familiares tradicionales por factores económicos.
Desde la perspectiva etnográfica de la antropóloga Yany Miranda, investigadora de la UNSA, este fenómeno adquiere una dimensión cultural profunda ligada al espacio comercial urbano y al uso del cuerpo como último territorio de resistencia. Sus investigaciones sobre el comercio tradicional en Arequipa sustentan que el cuerpo desgastado por la edad se transforma en la única mercancía disponible para subsistir, mientras la propia comunidad se habitúa a su presencia, integrándolos de manera insensible como parte del panorama urbano nocturno.
Desafíos en protección social y la brecha con el Estado
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el envejecimiento saludable está directamente condicionado por factores socioeconómicos regulatorios como el acceso equitativo a la protección social y a ingresos estables. Sin estos componentes básicos, la población de la tercera edad queda expuesta a un rápido y doloroso deterioro de su salud integral en la vía pública.
Frente a este panorama, el Estado peruano cuenta actualmente con el programa Pensión 65, iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que otorga una subvención económica bimestral incrementada temporalmente a S/ 350 soles para mitigar la pobreza extrema. Sin embargo, la realidad en las calles demuestra que este subsidio resulta crónicamente insuficiente o inaccesible frente al elevado costo de vida actual.
Muchos ancianos en el centro de la ciudad no logran calificar en los padrones estatales o la ayuda económica simplemente no logra cubrir sus recetas médicas básicas. Ante este desfase, economistas adscritos a la CEPAL, como Noelia Bernal, sostienen que para mitigar la precariedad de raíz se requiere una reforma técnica que unifique el pilar solidario y expanda gradualmente la cobertura al 100% de los adultos mayores.
Acciones institucionales desbordadas por la realidad
A nivel regional, las respuestas institucionales intentan contener el desamparo inmediato ante la falta de una estructura previsional nacional sólida. Mientras el Ministerio de la Mujer (MIMP) opera el servicio especializado «Mi60+» para la defensa de ancianos en riesgo total, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) articula alianzas para la distribución de abrigo focalizado y asistencia alimentaria ante las heladas estacionales.
Pese a la existencia de estos programas y de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), la capacidad operativa de las autoridades locales se ve completamente desbordada por la magnitud del problema. Los talleres municipales y las asistencias temporales no logran frenar la necesidad diaria de salir a vender, provocando que, al caer la noche, la única red de protección real para la tercera edad siga siendo su propio esfuerzo físico sobre las veredas.
Redes de soporte civil y alternativas ciudadanas
La respuesta activa de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales resulta clave para brindar asistencia humanitaria directa en las zonas comerciales críticas de la ciudad. Estas entidades intervienen con sensibilidad donde el aparato estatal tradicional no llega con inmediatez, devolviendo un poco de dignidad a quienes lo han entregado todo a lo largo de su vida.
En ese esfuerzo, la Sociedad de Beneficencia de Arequipa administra programas esenciales de acogida integral como el Centro de Atención Residencial El Buen Jesús para ancianos desamparados. Asimismo, esta institución local gestiona el programa de asistencia El Buen Samaritano y diversos comedores públicos para garantizar la alimentación básica diaria de este sector vulnerable.
Por su parte, la organización no gubernamental ADRA Perú ejecuta de forma constante proyectos de Rescate de Alimentos en la región Arequipa. Su labor se enfoca en coordinar de forma técnica con ollas comunes y comedores populares debidamente registrados para asegurar el sustento de la tercera edad desprotegida.
Sin embargo, al confrontar estas loables acciones con el escenario nocturno del Cercado, la realidad demuestra que la caridad civil es un paliativo temporal que se ve desbordado por la magnitud del abandono. Aunque el trabajo de la Beneficencia y de las ONG salva vidas diariamente, sus recursos dependen de donaciones variables que no pueden garantizar una verdadera estabilidad económica ni frenar la necesidad de los ancianos de seguir trabajando en las calles.
Asimismo, la eficiencia de estas redes privadas de soporte suele aliviar la presión política sobre las autoridades, permitiendo que el Estado continúe postergando reformas estructurales. Al final del día, la solidaridad ciudadana termina cubriendo por defecto los vacíos de una gestión pública deficiente, invisibilizando el hecho de que una vejez desprotegida no requiere de más beneficencia, sino del cumplimiento de un derecho básico fundamental.
El escenario actual en el Cercado de Arequipa plantea un profundo desafío ético tanto para las autoridades políticas como para la ciudadanía en general. Los expertos reiteran de forma unánime que la vejez de las personas no debería estar ligada a la precariedad económica crónica ni a la indiferencia social, por lo que la meta colectiva debe enfocarse en transformar la compasión en políticas de protección reales.
