Las mayorías perdieron económicamente frente a la oligarquía
En el año 2023 se dieron dos fenómenos relacionados entre sí: la consolidación del golpe de Estado “blando” contra la elección de la mayoría de peruanos y la imposición del paquetazo económico lento en contra de los mismos.
La consolidación sangrienta tuvo como hito la matanza de Juliaca (San Román) el 9 de enero y se concretó con un cúmulo de normas para evitar el desborde social, así como la colaboración de medios de comunicación limeños, intelectuales de alquiler y líderes de opinión funcionales al régimen de la presidenta Dina Boluarte.
Este “golpe blando” aprovechó el sojuzgamiento de los protestantes y la indiferencia o aceptación del resto para implementar medidas económicas que trasladaron riqueza de las clases “medias” hacia la oligarquía peruana.
EL “PAQUETAZO LENTO”
El incremento de precios, parcialmente justificado por la pandemia o el conflicto en Ucrania, golpeó el bolsillo de los peruanos con el incremento de precios de productos vendidos por los oligopolios que dominan el mercado peruano.
Sin embargo, superada la Covid-19 y el peligro de conflagración mundial a partir de lo sucedido en tierras ucranianas, los precios jamás volvieron a bajar y, al contrario, la inflación se hizo sentir durante todo el 2023.
El economista puneño Juan Pari dio a conocer que la capacidad adquisitiva de la moneda peruana bajó en un 40 % desde el 2009, por lo que, en la práctica, lo que antes se compraba con S/ 600, hoy se compra con mil soles.
“La remuneración mínima vital nominal se encuentra en S/ 1.025; el valor real de ese dinero, en septiembre 2023, se encuentra en S/ 635.1 (capacidad adquisitiva)”, informó en base a datos del Banco Central de Reserva del Perú.
SUBSIDIO A LOS RICOS
Mientras el poder adquisitivo de los peruanos se hacía “humo”, desde el Congreso y el Ejecutivo se expidieron una serie de normas y decretos que, en la práctica, colocaron más dinero en manos de grandes empresarios al tiempo que se lo quitaban a los demás.
El gobierno lanzó el “Plan Unidos” que, en pocas palabras, le regala a los agroexportadores S/ 400 millones; de este modo, ellos dejarán de aportar para que sus trabajadores mal pagados sean atendidos en EsSalud.
Esto lo advirtió el economista Pedro Francke, en una discreta columna publicada en “Hildebrandt en sus trece”. Entre tales agroexportadores están María del Carmen Alva, cuyo esposo es dueño de una empresa del rubro, y el dirigente fujimorista José Chlímper.
El programa Impulso Empresarial Mypes (Impulso Myperú), ampliado en el gobierno de Boluarte, “colocará” otros S/ 2 mil millones, casi en su totalidad, a los cuatro bancos que dominan el sistema financiero del país, con el discurso de “estimular” crédito a las pequeñas y medianas empresas (la mayoría no pueden pagar, pero el Estado “garantiza”).
Por su parte, el economista puneño Wílber Cutipa Alejo advirtió a Los Andes que las normas de más “facilidades tributarias” a favor de las grandes mineras, le costaron al Perú S/ 15 mil millones que, sumados a las devoluciones tributarias preexistentes, hacen un total de S/ 21 mil millones.
Entre los afortunados, se encuentra Roque Benavides, padrino de bodas de la hermana de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y acérrimo defensor de la Constitución del 93.
A inicios de diciembre, mientras medio mundo estaba distraído, justamente, con el tema de la Fiscalía de la Nación, los congresistas aprobaron otra norma que, en la práctica, le cuesta S/ 280 millones adicionales anuales al Estado.
Se trata de una norma que cambia la forma en que se calcula la devolución de impuestos, lo cual, fácticamente, es otro beneficio para un puñado de empresas grandes, como las mencionadas líneas arriba.
ESTADO POLICÍACO
Con dicho trasfondo económico, el poder político se ha estado cerrando a quien no pertenezca a la élite económica del país. Así, el proyecto para aprobar la bicameralidad que en realidad le da un poder casi absoluto a 40 senadores, pudo aprobarse con los votos de la mayoría de congresistas.
Mientras se iniciaron varios procesos de investigación contra dirigentes y protestantes, las investigaciones contra los asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas por orden del gobierno de Boluarte apenas avanzaron.
En regiones, los dirigentes fueron amedrentados o fatigados con procesos penales, en tanto que la policía ganó poderes para reprimir a manifestantes, aun a costa de su función de luchar contra la delincuencia.
De igual manera, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional dieron muestra de estar al servicio de intereses muy particulares, de manera que mientras gente como Pilar Nores o Alberto Fujimori era librada, personas como Wálter Aduviri o Pedro Castillo eran privadas de su libertad sin cuestionamiento serio de la prensa y, por lo tanto, de la opinión pública.
