El primer tercio del año fue terrible en términos humanos
El año 2023 fue doloroso y difícil para los puneños, empezando por la matanza del 9 de enero en Juliaca (San Román) y los asesinatos de Ilave (El Collao) y Macusani (Carabaya), hechos cometidos por el gobierno de Dina Boluarte con el apoyo de las Fuerzas Armadas, sectores empresariales y la complicidad de la prensa capitalina.
Agotadas las energías de la movilización por un despliegue millonario del establishment, siguió el regreso a una normalidad tensa con sabor a injusticia, teniendo a Boluarte como presidenta ajena, gobernando un Perú “extranjero” conformado por los más adinerados del país.
A propósito, Dina Boluarte es la única presidenta de la historia reciente del Perú que no pisó tierra puneña en su mandato. En tanto, casi la totalidad de políticos encumbrados en el poder tampoco pueden salir de Lima sin correr el riesgo de ser encarados o incluso agredidos por los peruanos de a pie.
Al conflictivo ambiente político le corresponde una precaria economía para las mayorías. Mientras un puñado de empresas se vieron favorecidas por la alianza del gobierno con miles de millones de soles, facilidades tributarias, subsidios y desregulación, las grandes mayorías han visto caer sus ingresos en un 40 % debido a la inflación depredadora de sus sueldos.
El recorte presupuestal ha caído como un lastre a las gestiones entrantes. La ley que aniquiló la ejecución por administración directa paralizó prácticamente un mes la gestión de nuevas obras, de manera que, llegando a fin de año, la reducción económica se ha notado en cada establecimiento comercial.
En este marco se dieron los principales acontecimientos del año que a continuación Los Andes repasa.
LA MATANZA DEL 9 DE ENERO
El 9 de enero fue el día más negro en la historia reciente de Puno. Ese día la Policía Nacional del Perú, siguiendo órdenes del Gobierno Central, asesinó a 18 personas, algunas de las cuales ni siquiera eran parte de las protestas.
Otros 100 heridos vivieron en carne propia la represión de un Ejecutivo que representa los intereses de aquellos sectores que perdieron las elecciones del año 2021 y no pudieron capturar por completo el poder en el país..
Los videos captados por los mismos ciudadanos dieron cuenta de los disparos, los policías infiltrados, los sobrevuelos de helicópteros y las caravanas de autos policiales que trataron a los ciudadanos como si fueran invasores extranjeros.
Entre las 17:00 y 22:00 horas se dieron cuenta de las muertes de personas como Marco Samillán o Brayan Apaza Jumpiri, quien tras apenas dejar de ser un niño, a sus 15 años de edad, fue asesinado por un policía.
Los alrededores del aeropuerto Inca Manco Cápac y las calles céntricas de Juliaca fueron los escenarios de ese acto de sojuzgamiento armado a una parte de la ciudadanía que no aceptó seguir siendo gobernada por los de siempre.
TOMA DE LIMA
Tras los asesinatos, la región Puno vivió una ola de solidaridad sin precedentes que se expresó en el financiamiento de buses hacia Lima, todos llenos de protestantes, aunque asediados por la policía y las políticas del gobierno.
A la iniciativa puneña se unieron protestantes de Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, La Libertad y otras regiones que, entre el 19 y el 23 de enero, enviaron delegaciones de protestantes a la capital del país.
En Lima, la policía política de Dina Boluarte infiltró cientos “agentes terna” y desplegó una impresionante fuerza policial que acosó y emboscó a los protestantes mientras los medios de comunicación capitalinos minimizaban el movimiento social.
Previas al viaje a Lima 
Marcha en Lima
PUNO BLOQUEADO
Mientras los protestantes puneños hacían su máximo esfuerzo en Lima, en Puno los pobladores se encargaron de bloquear la mayoría de rutas de la región. Como si se tratara de la ocupación de un territorio extranjero, el gobierno envió militares y vehículos a la región altiplánica, pero sin éxito alguno.
A lo largo del mes de marzo, se vieron más enfrentamientos y matanzas por parte del gobierno. El 4 de ese mes, se reportó un enfrentamiento en Juli (Chucuito) con ataques a comisarías y represión por parte de los policías.
Las Fuerzas Armadas no se arriesgaron a replicar la matanza de Juliaca por la participación masiva de la población en las movilizaciones, aunque sí se dieron dos incidentes mortales en Ilave y Macusani.
AHOGO DE SOLDADOS
El 5 de marzo, al menos 6 soldados murieron ahogados en el río Ilave, al intentar cruzar por orden del oficial a cargo. Otros 5 soldados fueron rescatados por pobladores locales.
En un primer momento, algunos uniformados mencionaron que a pesar de que algunos de ellos no sabían nadar, recibieron la orden de cruzar el citado afluente por parte de sus superiores.
Estas muertes, así como la de un policía el 9 de enero, fueron usadas políticamente por el gobierno para justificar las matanzas, pero el trabajo periodístico de hombres de prensa locales desbarató la versión de los medios de comunicación limeños, que sostenía que las muertes eran producto intencional de las protestas.
En el caso de los soldados muertos, se pudo establecer que la responsabilidad corría por cuenta del capitán Josué Frisancho Lazo, quien, con estupidez homicida, dio la orden de cruzar el río Ilave a pesar de desconocer la profundidad y la fuerza de la corriente.
REGRESO A LA NORMALIDAD
En marzo, aproximadamente 50 efectivos policiales asignados a la protección del Hotel de Turistas en Juli denunciaron condiciones precarias, incluyendo dormir en el suelo y una alimentación deficiente, lo que resultó en enfermedades.
El 16 de marzo, las fuerzas armadas desbloquearon tres puntos; y el 17 de marzo, los maestros anunciaron el reinicio de clases el 20 de marzo, uniéndose nuevamente a las protestas al día siguiente. Los manifestantes aimaras acordaron una tregua de tres días, desbloqueando algunas carreteras.
El 22 y 23 de marzo, se realizaron «paros secos» con algunos casos de violencia hacia civiles. La policía capturó a dos presuntos asesinos del policía Luis Soncco, uno de ellos un policía en retiro, con armas y dinero. En tanto, el general Jhony León Rabanal expresó que la paz estaba regresando a los departamentos del sur.
El 23 de marzo, la población aimara anunció protestas continuas contra Dina Boluarte hasta julio, comprometiéndose a no interrumpir clases y proponiendo medidas para la reactivación económica. A la vez, la Superintendencia Nacional de Migraciones Puno reanudó actividades el 24 de marzo.
El 27 de marzo, 3 mil pobladores se reunieron en Ilave, liderados por Rubén Apaza, y acordaron no permitir la exportación de litio sin industrialización; esto, a fin de beneficiar a las provincias locales.
Todo eso fue, en realidad, una sucesión de discretas capitulaciones. Esto, mientras sectores empresariales sufrieron enormes pérdidas económicas, tal como lo demuestran los reportes de uso de energía eléctrica por parte de plantas mineras y el apuro por desbloquear los corredores mineros, además de la evidente molestia de los hoteleros.
Por otro lado, comerciantes y transportistas, base de las protestas en Puno, estaban agotados económicamente y tuvieron que retomar sus actividades paulatinamente. Tras ello, su participación fue menos decisiva, aunque siempre expresando rechazo al actual régimen.
