Las situaciones son similares, pero en las regiones de Arequipa y Moquegua hay mayor presencia de mesas de diálogo y avances. En cambio, en Puno, las iniciativas siguen siendo promesas sin acciones concretas.
Escribe: Jean Carlo Frisancho
Una cuenca es un territorio cuyas aguas fluyen hacia un mismo río, lago o mar. Estas áreas, que en el pasado fueron símbolos de vida y progreso, se han convertido en un peligro para las comunidades que dependen de ellas. El agua, utilizada tanto para el consumo humano como para el riego de tierras agrícolas, se extrae frecuentemente de la misma fuente, muchas veces sin un tratamiento adecuado.
Este problema es especialmente crítico en las cuencas del Llallimayo, en Puno, y del Coralaque-Tambo, en Moquegua y Arequipa, donde la contaminación por metales pesados ha persistido durante más de dos décadas.
A pesar de las promesas de las autoridades, estas han quedado en el aire, sin acciones concretas para resolver la crisis ambiental que afecta a miles de personas. Ambos casos tienen un denominador común: Aruntani S.A.C.
En Puno, el proyecto minero Arasi afecta directamente al río Llallimayo, mientras que en Moquegua y Arequipa, el proyecto Florencia-Tucari ha impactado gravemente al río Coralaque y, posteriormente, al Valle de Tambo.
Estas afectaciones han sido corroboradas por el propio Estado, que ha declarado en repetidas ocasiones la emergencia de estas cuencas, aunque sin llevar a cabo acciones relevantes hasta ahora.
Actualmente, ambas cuencas permanecen en emergencia. El ministro Gustavo Adrianzén prometió evaluar el cierre de las minas y tomar medidas inmediatas. Sin embargo, hasta la fecha, todo se ha reducido a promesas e interminables ampliaciones de estados de emergencias.
LLALLIMAYO
El río Llallimayo, ubicado en la provincia de Melgar, en la región Puno, a más de 5,000 metros sobre el nivel del mar, abarca una subcuenca de 1,387.5 km² y recibe agua de lagunas como Saguanani, Iniquilla, La Calera y Chulpia.
Este sistema hídrico sufre una grave contaminación por relaves mineros de Aruntani S.A.C., afectando la salud de personas y animales, además de causar una masiva muerte de peces debido al incumplimiento de normativas ambientales.
Desde 2012, un estudio de la ANA reveló la grave afectación de la calidad del agua por vertimientos de aguas residuales y residuos sólidos, identificando aluminio y manganeso cerca de la quebrada Luchusani.
En 2013, se denunciaron numerosos casos de contaminación vinculados a la minería, aunque los registros datan de 2009.
En 2016, el OEFA confirmó que la contaminación era permanente, y en 2017 se detectaron altos niveles de metales pesados. Para 2019, comunidades como Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri iniciaron una huelga indefinida exigiendo soluciones.
A pesar de que en 2021 se declaró el estado de emergencia por la contaminación, no se tomaron medidas efectivas.
En 2024, el Gobierno emitió una nueva declaratoria de emergencia ambiental el 24 de octubre. En noviembre, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGM), ejecutó una garantía de 10.3 millones de dólares de Aruntani para remediar los daños en Lampa, aunque el OEFA estima que se requieren 265 millones de dólares.
La empresa aseguró que la responsabilidad del cierre ahora recae en el Estado, según la Ley de Minería.
En diciembre de 2024, se reportaron nuevos casos de contaminación. Hernán Nina, presidente del Comité de Lucha, acusó a Aruntani de posibles vertimientos directos desde una poza, agravados por lluvias que alteraron el agua.
El 24 de diciembre, el gobierno extendió por 60 días las medidas de emergencia para reducir el riesgo y avanzar con las acciones de rehabilitación. El ministro Adrianzén afirmó que se están evaluando los estudios para determinar la viabilidad del cierre definitivo de la mina responsable de las aguas ácidas. Hasta la fecha no hay acciones concretas.
CORALAQUE
El río Coralaque recorre 140 km y el río Tambo 159 km, sumando un total de 299 km. Ambos ríos son vitales para las regiones de Moquegua y Arequipa, desembocando en el océano Pacífico en Punta de Bombón, Islay.
Sin embargo, están gravemente contaminados por metales pesados provenientes del proyecto minero Florencia-Tucari de Aruntani S.A.C., lo que afecta la salud, biodiversidad y las actividades económicas locales.
Aruntani ha culpado al Estado por la demora en el cierre de la unidad minera, aunque documentos de 2009 indican que la empresa debía encargarse del cierre.
En 2017, el OEFA alertó sobre el incumplimiento de la minera. Según Activos Mineros SAC, la remediación de los ríos costaría S/ 1,000 millones.
Según la Ley General del Ambiente, Aruntani debe asumir la reparación. Los distritos más afectados por la contaminación son Chojata, San Cristóbal, Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón.
Desde 2010, la ANA y el OEFA han detectado altos niveles de arsénico, cadmio y plomo en los ríos. En 2014, las comunidades denunciaron la contaminación, pero las sanciones impuestas fueron insuficientes.
En 2019, el Valle de Tambo protagonizó una huelga exigiendo soluciones urgentes, pero la fiscalización no fue efectiva.
En 2021, el estado de emergencia declarado no resolvió la crisis. En 2024, se emitió una nueva declaratoria ambiental y, en noviembre, se ejecutó una fianza de 8 millones de dólares contra Aruntani.
Sin embargo, el OEFA estima que la remediación de los daños requiere más de 200 millones de dólares.
Durante 2024, se reportaron vertimientos en los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre.
En 2019, la DGM ejecutó una garantía por 8,4 millones de dólares debido al incumplimiento de Aruntani con el plan de cierre. Aunque la empresa contrató a AMSAC para labores de atenuación, el cierre de la mina requiere una inversión que supera los S/ 1,000 millones.
El año pasado, la jefa de la red de Salud Islay, Monica Parra, informó que el 75 % de la población local presenta elevados niveles de metales pesados, como arsénico y cadmio en la sangre, grave situación de la salud en esta provincia y que encendió las alarmas en Arequipa.
Ante la contaminación del río Tambo, se realizarán 656 pruebas de tamizaje de metales pesados en la provincia de Islay en 2025, así como 192 muestras de agua en diferentes puntos para verificar los niveles de metales.
Desde el 11 de enero del 2025 se alerta de una nueva contaminación.
SANCIONES
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó el 7 de enero en Moquegua que la empresa Aruntani S.A.C. debe 81 millones de soles al Estado peruano por incumplir diversas normativas ambientales, según 10 resoluciones.
Las infracciones incluyen el incumplimiento de medidas preventivas, los límites máximos permisibles, los instrumentos de gestión ambiental y el plan de cierre de mina.
El total de las multas impuestas asciende a 17,991 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de las cuales la empresa solo ha pagado 142 UIT, equivalentes a 655,000 soles.
Además, 15,791 UIT están en ejecución coactiva, muchas de ellas en trámite judicial debido a los recursos presentados por la empresa.
Aruntani también se prepara para apelar 1,358 UIT adicionales derivadas de tres procedimientos concluidos por la Dirección de Fiscalización del OEFA.
Dato:
Aruntani S.A.C. debe S/ 81 millones al Estado Peruano por multas del OEFA. Solo ha pagado 142 UIT, equivalentes a S/ 655 mil. Opera cinco minas auríferas: Aruntani (Moquegua), Arasi (Puno), Anabí (Cusco), Apumayo (Ayacucho) y Anama (Apurímac).
