Escribe: J. Carlos Flores Vargas
Aprovechando el escándalo de las prostitutas en el Poder Legislativo, una facción del Congreso excluida de la repartija de puestos administrativos exige su “pedazo de la torta” que la pagan todos los peruanos.
En las recientes sesiones de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, se ha evidenciado una fractura dentro de la coalición del Gobierno que sostiene a Dina Boluarte, pero que no puede satisfacer los apetitos personales de grupo.
YARROW SE MUESTRA
El 8 de enero, la congresista Norma Yarrow, conocida por su controversial vinculación con eventos organizados por Vladimiro Montesinos, exasesor del presidente Alberto Fujimori, denunció un control desproporcionado de cargos directivos en el Congreso por parte de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP).
Estas agrupaciones, en alianza con Somos Perú, Podemos Perú y Avanza País, gestionan 16 jefaturas de oficinas.
Este predominio ha marginado a bloques emergentes como Honor y Democracia, Renovación Popular y ciertos sectores de Acción Popular.
FUERZA POPULAR
Entre los cargos controlados por Fuerza Popular destaca Karina Beteta, excongresista que lidera el Fondo Editorial del Congreso con un sueldo de S/ 19.923. En la página oficial no figuran méritos que sustenten esta designación.
Milagros Salazar, exparlamentaria, encabeza la Oficina de Participación Ciudadana con un ingreso de S/ 17.991.
Diethell Columbus, excongresista, dirige el Departamento de Biblioteca.José Francisco Recoba, médico pediatra y exvocero del plan de salud de Keiko Fujimori, lidera el Departamento de Investigación Parlamentaria con un sueldo superior a S/ 15.000.
Wilfredo Ponce de León Pandolfi, militante fujimorista, está a cargo del Área de Atención Ciudadana con un sueldo de S/ 15.985, y Shirley Montenegro, exasesora de Rosangella Barbarán, dirige el Departamento de Comisiones con un sueldo de S/ 16.706.
APP Y CARGOS
Alianza para el Progreso también ocupa cargos clave.
Marisol Espinoza, excongresista y exdirectora de Administración, ahora es asesora principal de Eduardo Salhuana con un sueldo de S/ 15.985.
Carlos Luis Pais Vera lidera la dirección general de Administración con un sueldo de S/ 26.900.
Alejandra Aramayo, exfujimorista y ahora militante de APP, es jefa de Comunicaciones con un ingreso de S/ 15.985.
Haidy Figueroa Valdez, militante de APP, es jefa del Departamento de Recursos Humanos y percibe S/ 19.919.
Yolanda Ríos Mendoza, exmilitante de APP, dirige el Área de Presupuesto con un sueldo de S/ 15.989.
SALHUANA
A este panorama se suma la reciente partida del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, hacia China, en medio de denuncias sobre una presunta red de prostitución en el Legislativo, lo que ha intensificado las tensiones.
Este viaje, calificado como un “error político”, motivó una moción de censura promovida por Renovación Popular y respaldada por otras bancadas.
Jorge Montoya, de Honor y Democracia, criticó la falta de neutralidad en la integración de una comisión ad hoc para investigar las denuncias.
Alejandro Muñante, de Renovación Popular, declaró que su bancada ya había firmado la moción de censura. José Cueto consideró inoportuno el viaje de Salhuana, especialmente en un momento de crisis.
PROSTITUCIÓN
Las denuncias sobre una presunta red de prostitución que operaba dentro del Parlamento están saliendo a la luz de manera fragmentada, generando un terremoto político y poniendo en el centro de la controver sia a Alianza para el Progreso (APP) y a otros sectores políticos.
Uno de los señalados es Carlos Pais Vera, jefe de la Dirección General de Administración y cercano amigo de Richard Acuña.
Según revelaciones de la revista “Hildebrandt en sus Trece”, Pais Vera habría estado involucrado en actos cuestionables que ahora son objeto de investigación.
BLOQUEO
A pesar de estas denuncias, desde la cúpula de Fuerza Popular se ha desplegado un operativo para bloquear cualquier indagación que comprometa la estabilidad del Congreso, considerado el principal soporte político de la presidenta Dina Boluarte.
La estrategia para frenar las investigaciones ha sido evidente en las sesiones de la Comisión de Fiscalización.
Funcionarios clave, desde el oficial mayor hasta abogados de la Oficina Legal, han adoptado una postura de negación sistemática, alegando desconocer cualquier indicio sobre las actividades ilícitas.
Héctor Ventura y Fernando Rospigliosi, figuras prominentes del fujimorismo, han declarado abiertamente su intención de obstaculizar las pesquisas.
“Esta comisión no investiga nada”, aseguró Rospigliosi, reflejando la prioridad del bloque por aferrarse a sus posiciones hasta el 2026.
Un ejemplo del sabotaje a las investigaciones es el fracaso de la comisión ad hoc encargada de examinar las acusaciones contra Jorge Torres Saravia.
Recursos Humanos, bajo la dirección de Haidy Figueroa Valdez, afiliada a APP, no proporcionó la documentación necesaria para avanzar en el proceso disciplinario.
Cabe recordar que Figueroa estuvo involucrada en un caso previo en 2020, cuando, siendo subgerenta de Recursos Humanos del Gobierno Regional de La Libertad, despidió a u n a funcionaria que denunció a Jorge Torres por violación sexual.
CONFRONTACIÓN
La pugna de poder en el Congreso refleja una disputa por el control de recursos y espacios de influencia clave, exacerbando las divisiones internas entre bloques políticos.
Mientras tanto, la gestión de Dina Boluarte se percibe cada vez más comprometida, situándola en un escenario donde parece operar bajo el dominio de coaliciones enfrentadas.
Las iniciativas de censura y las denuncias de irregularidades pod r í a n agudizar la inestabilidad política en los próximos meses en el país.
Dato
La revista “Hildebrandt en sus 13”, en su última edición, habría revelado un escándalo que involucra a un alto funcionario del Congreso, quien fue fotografiado semidesnudo durante una supuesta bacanal.
