Escribe: Carlos Peña Julca
Transcurridos dos años de gestión municipal, las actuales autoridades aún no encuentran la brújula que les marque el camino para poder solucionar los problemas que tienen en sus ciudades y desarrollar las mismas.
Es conocido que la responsabilidad política es del alcalde; pero, el gerente municipal y gerentes de áreas son los que llevan la parte administrativa de las municipalidades y por consiguiente su trabajo está relacionado con la sociedad en la medida que deben atender las demandas de la población y promover el desarrollo social. Algunas de las funciones del gerente municipal son: planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de la municipalidad; proponer y participar en la elaboración de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo local; asesorar y brindar apoyo técnico-administrativo a la Alcaldía y al Concejo Municipal. El gerente municipal es un servidor de confianza del alcalde, quien lo designa para un cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva.
Hasta ahí todo bien y si se cumpliera al pie de la letra todo esto, las gestiones municipales no serían desastrosas ni caóticas; pero sucede todo lo contrario, a pesar, como ya lo dijimos, que las municipalidades y sus gerentes juegan un papel crucial en el funcionamiento de una ciudad, se observa que no existe respeto entre funcionarios y trabajadores, ni hay garantías para que el trabajador reciba el salario por su trabajo, medidas deficientes que se derivan de la aplicación inadecuada de una norma, tales como irregularidades administrativas, omisiones, abusos de autoridad, negligencia, procedimientos ilícitos, agravios comparativos, incompetencia, discriminación, etc. etc.. y esto se debe a que la máxima autoridad edil (alcalde) y la mayoría de funcionarios que toman decisiones en la entidad no conocen la importancia de los documentos gestión, no conocen su contenido, no conocen su finalidad. La falta de conocimiento da lugar a una inadecuada y errónea toma de decisiones y por otro lado la falta de preparación de los funcionarios de la municipalidad para elaborar y actualizar, ellos mismos, con personal de planta, los documentos de gestión (en realidad, esto también tiene que ver con la falta de conocimiento por parte de estos funcionarios). Y como quiera que no es posible realizar la actualización con personal municipal, se termina por contratar consultorías, que por lo general no entregan documentos de gestión que respondan a la realidad local. La actualización de los documentos de gestión queda relegada, más aún si no se tiene conocimiento de su importancia y sólo se prioriza el gasto de Foncomun, recursos propios y canon minero.
La Universidad del Pacífico, en un informe denominado “Los objetivos de desarrollo sostenible en el Perú”, con el fin de medir los avances de la gestión pública del Estado peruano en relación a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la ONU, dice que los resultados de dicho trabajo sugieren que el total de perjuicio económico por actos de corrupción e inconducta funcional en el Perú asciende al valor de más de 24 mil millones de soles. De dicho monto de dinero, a nivel de gobierno, el nacional representa un 56.5 %, el regional un 36.4 % y el local un 18 %. Por tanto, podemos decir que los estudios presentados avalan la existencia de una pésima gestión pública al interior de nuestro estado, la cual se encuentra acompañada de actos de corrupción, tanto al interior del aparato público, como fuera de éste cuando se interactúa con el sector privado, generando pérdidas millonarias en detrimento de todos los ciudadanos. Como resultado de la deficiente gestión pública, los individuos pueden percibir como frustradas sus oportunidades de acceder a la realización de determinados intereses (como son el acceso a la educación, a la salud de calidad, o lograr la erradicación de la pobreza).
La mala gestión municipal en el Perú se puede manifestar en la falta de actualización de documentos de gestión, la designación de personas sin las competencias necesarias, y la falta de presupuesto que puede tener consecuencias como la paralización de obras, el avance lento de construcciones, y la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones.
Finalmente se puede decir que una municipalidad es como un barco. Si el capitán y su tripulación no cuidan de todos los pasajeros y se aseguran de que sus necesidades estén cubiertas, el barco se hundirá. En cuanto a las leyes, si los líderes de una municipalidad no están cumpliendo con estas leyes, deben ser responsabilizados por sus acciones.
