Escribe: Zenaida Zea
Se ha cumplido un año desde la intoxicación de 30 alumnos en la Institución Educativa Secundaria Gamaliel Churata del distrito de Cabana, y el caso sigue impune. Además de las secuelas en su salud, los menores y sus padres enfrentan trabas en un proceso penal.
César Quispe Calsín, abogado del colectivo Illary, informó que los niños sufren secuelas como dolores de cabeza, estómago y mareos, además de úlceras, gastritis, sangrados y vómitos. “Incluso se desmayan, y los padres tienen que trasladarlos a un establecimiento de salud”, afirmó.
“Ha pasado ya un año, y el Estado no se ha ocupado de ellos”, señaló Calsín, agregando que, pese a los hemogramas y otros exámenes realizados en el hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, aún no hay un diagnóstico preciso sobre los efectos de la ingesta de los alimentos contaminados.
“Es algo muy dramático lo que están viviendo, tanto en la parte legal como en su salud”, dijo el abogado. Explicó que los padres creían que se trataba de un envenenamiento, ya que sus mascotas murieron tras consumir los mismos alimentos que sus hijos.
ACCIONES
Ante el estancamiento del proceso legal, la defensa de los menores se reunió con la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Puno, Yudith Hallasi, y con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y se tomó la decisión de cambiar de fiscal.
En el ámbito de la salud, se ha solicitado a la fiscalía, a través del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit), que el Ministerio Público tome acciones. “No puede ser que el Estado sea indolente o inactivo, porque eso implicaría una omisión de funciones por parte del Ministerio de Salud y sus funcionarios”, enfatizó.
Respecto a la carne de caballo suministrada a los niños, Quispe Calsín indicó que esta investigación debió ser realizada por la Fiscalía de San Román. Además, la respuesta gubernamental para evacuar a los menores a Lima en febrero fue lenta.
Dato.
El proceso penal continúa estancado y como tantas veces, no hay responsables.
