Exgobernador debería ser liberado por caso ‘Los Hijos del Cóndor’, sin embargo, tiene una sentencia de 6 años de cárcel desde 2023 por una compra irregular. Exautoridad no será candidato.
Escribe: Jeamilett Chirinos
Aunque este mes vence la orden de prisión preventiva dictada contra el exgobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, la exautoridad continuará recluida. Una sentencia en segunda instancia lo condenó a seis años de cárcel por un caso de corrupción durante su gestión como alcalde de Caylloma, lo que además le impide tentar nuevamente el cargo de gobernador regional.
‘LOS HIJOS DEL CÓNDOR’
El 27 de noviembre de 2021, el Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra Elmer Cáceres Llica, entonces gobernador regional de Arequipa, y otros siete implicados, entre ellos funcionarios de confianza y consejeros regionales.
La medida fue dispuesta por el juez José Málaga Pérez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios, quien declaró fundada la solicitud del Ministerio Público, aunque redujo el plazo original de 36 a 24 meses.
Según la tesis fiscal, Cáceres Llica lideraba una presunta organización criminal denominada ‘Los Hijos del Cóndor’, que habría operado dentro del Gobierno Regional de Arequipa entre 2019 y 2021. Esta red tenía como objetivo blindar políticamente su gestión a cambio de beneficios ilícitos.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas que incluían testimonios y registros que señalaban que Cáceres y funcionarios como Gregorio Palma (gerente general), Marcelo Córdova y Napoleón Ocsa (exjefes de Autodema), así como el asesor Wilfredo Leodan Llayqui, ofrecían obras, terrenos y dinero a consejeros considerados “aliados”. Entre ellos estaban Jeymi Flores, Veto Bernal y Miguel Guzmán, quienes habrían recibido parcelas en el sector “Las Bambayas” como parte del trato.
En ese entonces, el abogado William Gómez, defensor de Cáceres, criticó duramente la actuación del juez de investigación preparatoria, alegando una vulneración de derechos constitucionales y una indebida intervención.
“El juez no es quien investiga, ese rol es del Ministerio Público. Pero hemos visto que el juez ha afirmado que se ha acreditado la existencia de una organización criminal y ha señalado responsabilidades que aún no se han probado”, expresó. Gómez sostuvo que tal afirmación equivale a una sentencia anticipada.
En contraposición, el consejero regional José Luis Hancco respaldó la actuación judicial y recordó que desde 2019 se venían denunciando irregularidades dentro del Gobierno Regional. “Cáceres Llica logró cero fiscalización en el Consejo Regional”, afirmó.
FIN DE PRISIÓN PREVENTIVA
Aunque la medida de prisión preventiva contra Cáceres Llica debía culminar en noviembre de 2024, el 21 de octubre de ese año la jueza Janet Lastra, del mismo juzgado especializado en casos de corrupción, ordenó una ampliación de seis meses a pedido del fiscal provincial Arturo Valencia Paiva.
La solicitud se sustentó en las dificultades para revisar toda la carga probatoria, que incluye testimonios de testigos protegidos y material audiovisual. La extensión también se aplicó a Marcelo Córdova, exgerente de Autodema y Copasa. No obstante, no se prorrogó la medida para otros investigados como Mario Jacobo Jacobo, Napoleón Ocsa y la exconsejera Jeymi Flores Quicaña, ya que la Fiscalía consideró que no existía riesgo de entorpecimiento del proceso.
Con esta ampliación, la prisión preventiva de Cáceres Llica entra en su fase final. Sin embargo, esto no significa su liberación.
SENTENCIA
Desde el 31 de octubre de 2023, El mer Cáceres Llica cumple una condena de seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada, al haber favorecido irregularmente la compra de 232 butacas por 21 mil 460 soles para el coliseo municipal La Montera, en Chivay. Los hechos ocurrieron durante su gestión como alcalde de la provincia de Caylloma, entre 2011 y 2014.
La sentencia fue emitida en primera instancia por el juez Eddy Leva Cascamayta, del Juzgado Unipersonal Supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Posteriormente, el 28 de junio de 2024, la Segunda Sala Penal de Apelaciones —integrada por los jueces Fernán Fernández Ceballos, Sandra Lazo de la Vega Velarde y Jaime Coaguila Valdivia— ratificó la condena, corrigiendo además un error inicial que mencionaba siete años de pena.
El fallo también impone una pena suspendida de cuatro años y la inhabilitación de Cáceres Llica para ejercer cargos públicos, cerrando cualquier posibilidad de una futura postulación política.
