Estudio revela que las comunas generan menos del 3 % de la recaudación tributaria nacional, lo que evidencia su alta dependencia del Gobierno central esperando transferencias y prolongando su precariedad fiscal.
Escribe: Jean Carlo Frisancho
Si uno caminara por los pasillos de cualquier municipalidad distrital del país, sería difícil encontrar oficinas rebosantes de actividad financiera propia. Lo más probable es que, entre papeles, computadoras envejecidas y trámites que se repiten como letanías, se esconda una verdad incómoda: los municipios peruanos casi no generan ingresos por sí solos.
Un reciente estudio elaborado por el economista Armando Mendoza Nava, con apoyo del Grupo Propuesta Ciudadana, le pone cifras a esa dependencia: solo el 2.7 % de toda la recaudación tributaria nacional proviene de las municipalidades. El resto está centralizado.
Detrás de ese número se oculta una fragilidad institucional que compromete la idea misma de descentralización. En vez de ser motores de desarrollo, muchos gobiernos locales se han convertido en estructuras gestoras de transferencias, no de políticas. No administran recursos propios: administran esperas. Esperan al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), al canon, al programa de turno del Ejecutivo. Y mientras esperan, los servicios públicos se deterioran, la planificación se frustra, y la ciudadanía pierde la fe.
AREQUIPA
Dentro del contexto nacional, Arequipa muestra indicadores relativamente más positivos, aunque aún insuficientes. De las 109 municipalidades que integran la región, se reportó que en el año 2024 lograron financiar en promedio un 12.2 % de su gasto total mediante recursos propios. Esta cifra, aunque superior al promedio nacional, está lejos de representar una autonomía fiscal real.
Destaca especialmente la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), que logró generar más del 41.3 % de su presupuesto a través de la recaudación de impuestos y arbitrios. Sin embargo, otras comunas como Cotahuasi (La Unión) o Chivay (Caylloma) no alcanzan ni el 3 %, lo que las convierte en entidades completamente dependientes de las transferencias del Ejecutivo.
En provincias como Condesuyos y La Unión, el nivel de recaudación bordea apenas el 1 % o 2 %, cifras que, según el estudio, colocan a estas jurisdicciones en una situación de alto riesgo presupuestal. Al depender casi exclusivamente de ingresos externos, como el Foncomun, canon minero y regalías, su sostenibilidad a mediano y largo plazo queda en entredicho.
GESTIÓN CENTRALISTA
Armando Mendoza fue categórico durante la presentación del informe: “No hay descentralización real cuando más del 90 % del presupuesto de una municipalidad proviene del Ejecutivo. De cada S/100 que gasta un municipio peruano, en promedio, apenas entre S/ 8 y S/ 9 provienen de su propia recaudación.
El resto llega desde Lima, y muchas veces solo si el alcalde de turno se lleva bien con algún ministro”. El especialista agregó que esta situación ha creado una cultura de gestión centralista, donde las autoridades locales han desarrollado prácticas de lobby o gestión política en la capital como único medio para asegurar los recursos que necesitan. “En vez de fortalecer su capacidad administrativa y tributaria, las municipalidades han preferido esperar las transferencias y dedicarse a hacer contactos en los ministerios. Es una gestión mendicante”, advirtió.
Además, Mendoza subrayó que solo 116 de las más de mil 800 municipalidades existentes concentran el 77 % de la recaudación local.
El resto depende casi totalmente de las transferencias y no tiene incentivos claros para mejorar su recaudación, ni siquiera del impuesto predial, que en muchas zonas es inexistente o simbólico.
SERVICIOS DEFICIENTES
Según el artículo 197 de la Constitución, las municipalidades tienen el deber de promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, son responsables de la prestación de los servicios públicos locales, incluyendo la seguridad ciudadana, la cual debe brindarse en coordinación con la Policía Nacional del Perú.
Los efectos de esta precariedad fiscal se traducen en servicios municipales deficientes. En muchas ciudades del país, los ciudadanos se quejan del mal estado de las calles, la acumulación de basura, la falta de mantenimiento de parques y la poca presencia de seguridad ciudadana. Sin embargo, desde las propias municipalidades también se levantan voces críticas hacia los contribuyentes: la morosidad es alta y muchos vecinos simplemente no pagan sus impuestos.
“Estamos atrapados en un círculo vicioso”, explicó Mendoza. Los ciudadanos no pagan porque no reciben buenos servicios, y los municipios no pueden mejorar sus servicios porque no tienen recursos. Esa es la paradoja de la descentralización peruana.
El estudio también analizó los factores sociales que afectan la recaudación en zonas rurales. En distritos pequeños o en zonas altoandinas, con baja densidad poblacional y limitada actividad económica formal, no es posible exigir niveles de recaudación altos.
Sin embargo, el informe sugiere establecer metas mínimas de mejora, proponiendo que incluso los municipios más pobres deberían aspirar a alcanzar al menos un 10 % de autofinanciamiento.
¿QUÉ HACER?
Durante el foro que siguió a la presentación del informe organizado por el Grupo Propuesta Ciudadana, Desco Sur y la Facultad de Economía de la UNSA, diversos especialistas coincidieron en la urgencia de transformar el sistema fiscal que rige a los gobiernos subnacionales.
Víctor Silva, representante de Conectamef, advirtió que la dependencia económica de los municipios y regiones del Ejecutivo fomenta prácticas clientelistas que afectan su autonomía.
A su vez, Erika Velásquez, docente universitaria, destacó la necesidad de profesionalizar la gestión local, especialmente en lo referido al gasto público, cuya ejecución es deficiente por falta de capacidades técnicas.
El experto en administración municipal, Jorge Condori, expuso que mientras el Gobierno central concentra el 64 % del presupuesto público, los más de 1,800 gobiernos locales apenas manejan el 15 %, monto que en muchas jurisdicciones ni siquiera alcanza para cubrir los sueldos de su personal.
Entre las propuestas planteadas, Condori subrayó la importancia de actualizar el catastro predial como una herramienta clave para optimizar la recaudación del impuesto predial, considerado como la fuente más viable de ingresos propios para las municipalidades.
Además, hizo un llamado al Ejecutivo para que colabore activamente en el fortalecimiento de los servicios públicos locales, generando así mayor confianza y disposición al pago por parte de la ciudadanía que reside en la localidad.
Dato.
En todo el país existen 196 municipalidades provinciales, 1,678 municipalidades distritales y 2,859 municipalidades de centros poblados, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
