Varios casos recientes de presunto abuso municipal contra comerciantes ambulantes en Arequipa reavivan el debate sobre el trato que reciben estos trabajadores informales durante los operativos municipales.
Escribe: Jeamilett Chirinos
Durante las últimas semanas, diversos hechos han puesto en tela de juicio la manera en que la Municipalidad Provincial de Arequipa viene ejecutando sus operativos contra el comercio ambulatorio en el Cercado. Las denuncias de maltrato, decomisos violentos y excesivas sanciones han encendido la indignación de la ciudadanía.
ABUSO TOTAL
Uno de los casos más significativos ocurrió el pasado 9 de abril, cuando Daniel, conocido como “el heladero bailarín del wititi”, denunció entre lágrimas haber sido víctima de un acto de abuso por parte de policías municipales. Acompañado de su madre, una mujer de 72 años con problemas de salud, Daniel contó que los agentes no solo le decomisaron su triciclo de venta de helados, sino que también le arrebataron el poco dinero que llevaba en su canguro.
“No gano ni S/ 100 al día, apenas hago S/ 20 para ayudar a mi mamá. Ahora que no tengo mi carrito, no sé qué voy a hacer”, dijo con la voz quebrada, mientras su madre intentaba consolarlo.
Daniel explicó que no se instala de manera fija en un solo lugar, sino que recorre distintas calles del Centro Histórico para ofrecer sus productos. Aquella mañana, se dirigía por la calle San Juan de Dios hacia la avenida Independencia, cuando fue interceptado abruptamente por los policías. Posteriormente, desde la comisaría de Palacio Viejo, se le informó que debía pagar una multa de mil soles por ejercer el comercio ambulatorio, suma inalcanzable para su situación económica. “¿De dónde voy a sacar tanta plata?”, se lamentó.
Ante la presión mediática y el malestar ciudadano, la comuna arequipeña emitió un comunicado negando el robo de dinero. Indicaron que la intervención se dio porque Daniel vendía en una zona prohibida por ser parte del Centro Histórico. Sin embargo, ante la repercusión del caso, el área de Bienestar Social le devolvió su triciclo y anunció que se le brindaría capacitación para “facilitar su inserción laboral dentro del marco de la formalidad”.
ATROPELLO
Un segundo hecho indignante ocurrió solo días después. Fany Calderón Valencia, una joven comerciante de 26 años, denunció que fue atropellada por una camioneta de la Policía Municipal cuando intentaba impedir que le decomisaran la mercadería que vendía junto a su madre. El incidente se registró en la avenida San Juan de Dios, en pleno centro de Arequipa. Fany relató que, al ver que los agentes se llevaban sus productos, se acercó para pedir que no lo hicieran, pero en ese momento el vehículo municipal la embistió. “Prácticamente pasó por mi pie y yo grité del dolor. Lejos de ayudarme, se fueron. Las vecinas y luego el Serenazgo me auxiliaron y me llevaron al hospital”, denunció.
A raíz de la lesión, Fany no puede caminar ni seguir trabajando. Tuvo que asumir por su cuenta los gastos médicos y presentó una denuncia formal en la comisaría. Su testimonio generó una ola de indignación. “Yo solo quiero justicia. Que se sepa lo que nos hacen y que se hagan responsables”, expresó.
AGRESIÓN EDIL
El tercer caso se reportó el 18 de abril, cuando Catalina Pezo, una comerciante ambulante que se dedica a la venta de huevos de codorniz, denunció haber sido agredida por policías municipales mientras intentaba proteger su herramienta de trabajo. Catalina relató que, al notar que los agentes se aproximaban, decidió esconderse con su hijo dentro de una farmacia ubicada en la avenida San Juan de Dios. Su hijo, quien sufre de epilepsia y retardo mental, intentó defenderla cuando los policías ingresaron al establecimiento sin autorización. Según su testimonio, no solo forcejearon con su hijo, sino que también agredieron a la trabajadora del local, quien intentó intervenir.
“Entraron a la farmacia, incluso agredieron a la señorita que les dijo: ‘Váyanse, no les he dado permiso para que ingresen’. Ellos no tuvieron piedad para nada”, contó entre sollozos. Finalmente, le arrebataron su carreta de trabajo y le impusieron una multa que podría llegar a los S/ 400. Catalina, sin medios para recuperarla, hizo un llamado público solicitando apoyo. “Es lo único que tengo para alimentar a mi hijo. Si me lo quitan, ¿qué hago?”, se preguntó angustiada.
Estos tres casos han desatado un debate sobre el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de criterios sociales en la aplicación de medidas contra el comercio informal.
FISCALIZACIÓN
Desde el Concejo Municipal también surgieron críticas. La regidora Rocío Mango denunció una grave falta de gestión y coordinación en los operativos contra el comercio ambulatorio, lo que —según advirtió— afecta la transparencia de los procedimientos y la imagen institucional de la comuna. Tras una visita de supervisión al área de Comercialización, evidenció que el almacén donde se guardan los bienes decomisados carece de una computadora, lo que impide llevar un registro adecuado y control transparente de los objetos incautados.
Además, observó el uso indebido de espacios, ya que un ambiente destinado al archivo del área estaba ocupado con bienes de otra oficina, reflejando desorden y falta de coordinación entre áreas. También exigió que se respete estrictamente el protocolo y se supervise mejor al personal.
La regidora recomendó implementar un sistema de control informático para los bienes decomisados, reubicar correctamente los objetos almacenados y garantizar un trato respetuoso y proporcional hacia los comerciantes intervenidos.
En la misma línea, la regidora Ingrid Carpio también cuestionó la dureza de los operativos contra los comerciantes ambulantes. Mostró especial preocupación por las elevadas multas que, según dijo, en muchos casos superan el valor mismo de los productos incautados. Además, denunció la falta de control sobre estos bienes, especialmente cuando se trata de alimentos perecibles, los cuales — advirtió— están siendo decomisados sin que la municipalidad cuente con una cadena de frío para conservarlos, lo que genera su pérdida. “¿Dónde están esos alimentos? ¿Se están echando a la basura?”, cuestionó, exigiendo un informe detallado sobre el destino de lo incautado.
En respuesta a las críticas sobre presuntos abusos en los operativos contra el comercio ambulatorio, el gerente municipal, Pablo Salinas, defendió la labor de fiscalización y pidió el respaldo del concejo para continuar con las acciones destinadas a recuperar el orden en la ciudad.
El funcionario recordó que los operativos se realizan en cumplimiento del nuevo r e g l a m e n t o aprobado por el mismo concejo, cuyo objetivo es controlar el comercio informal en espacios públicos. El gerente explicó que las sanciones y decomisos no buscan perjudicar a los comerciantes, sino evitar que reincidan.
Reconoció, sin embargo, que existen casos sociales que merecen un tratamiento diferenciado. Indicó que ya se ha iniciado un proceso de empadronamiento para identificar a aquellos vendedores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
También advirtió que no todos los ambulantes están en condición de necesidad. “Hay comerciantes que llegan en camionetas, que son importadores, y que no pueden considerarse casos sociales”, sostuvo.
El gerente lamentó que las críticas a los operativos hayan debilitado la autoridad municipal, pues los dejan sin herramientas p a r a esta labor.
Dato.
La mayoría de comerciantes son mujeres entre 30 y 60 años que recurren a esta actividad ante la falta de oportunidades laborales. Las críticas a la comuna son que no se trata a todos por igual, situación que debe corregirse.
Cifra.
2097 Son los comerciantes ambulantes que fueron identificados por la Comuna Provincial hasta noviembre del 2023. Se advierte, sin embargo, una falta de sistematización de esta información.
