El 24 de septiembre, Los Andes recibió una carta notarial de Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), en reacción al reportaje publicado el 22 de septiembre titulado “En la UNA protegen a un acosador”.
Dicho trabajo periodístico analiza el caso de Fernando Chávez, catedrático de Odontología, quien fue hallado responsable de hostigamiento sexual en agravio de una colega. Lo grave es que, después de que el docente fuera separado de sus funciones de manera preventiva, el propio Cuentas permitió que Chávez laboró en el Vicerrectorado Académico como “personal a disposición”.
Esta decisión no solo constituye una burla para la víctima, sino que después desconoce una resolución firme de destitución. Ante el pretexto de desconocimiento por parte del vicerrector, este medio lo desmiente y le responde.
NI UNA PALABRA
“Respecto a la información inexacta, tendenciosa y difamatoria…”, así empieza Cuentas su carta. Habla de su honor, de su dignidad, de su buena reputación. No dice una palabra sobre el honor, la dignidad o la depresión de S.L.C.A., la docente a la que su protegido acosó durante diez años. El 4 de junio de 2025, una comisión presidida por Vivian René Valderrama Zea encontró a Fernando Amílcar Chávez Fernández culpable de hostigamiento sexual. La orden fue clara: “imponer la sanción administrativa de destitución”. Chávez apeló.
El 1 de agosto, otra instancia, presidida por Sergio Serruto Barriga, declaró “infundado” el recurso. No había más vueltas que darle. La justicia administrativa había hablado. Era el momento en que Mario Cuentas, vicerrector académico, debía exhortar al acosador a que se alejara de la universidad. Esta acción era crucial para salvaguardar la integridad institucional y evitar que nuevos casos de acoso se repitieran, ya que la impunidad envía un mensaje peligroso a la comunidad universitaria.
SÍ CONOCÍA
“A la fecha… no ha llegado comunicado alguno”, dice Cuentas en su segundo punto en la carta notarial. “Desconozco la existencia”. Se presenta como un funcionario aislado, a quien le ocultarían información decisiva. Pero el acta del Consejo Universitario Extraordinario del 25 de enero de 2024 lo desmiente. Ahí está su nombre, entre los presentes.
En el punto 36 del orden del día, se discutía el recurso de apelación del propio Fernando Chávez contra su separación preventiva. El asesor legal fue contundente: “La ley exige separar al docente investigado”.
El Consejo, incluido Cuentas, declaró improcedente el recurso de Chávez. Sin embargo, Cuentas lo mantuvo como “personal a disposición” en su propio vicerrectorado. Mientras S.L.C.A. sufría las consecuencias, su acosador cobraba un sueldo de más de ocho mil soles mensuales, caminando por los pasillos como si la condena no existiera.
Cuentas conocía el caso. La Unidad de Recursos Humanos, con la carta 141-2025-J-U-RHHUNA.PUNO, comunicó la ejecución de la sanción (destitución), y su inscripción en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores (RNSSC) del SERVIR, se ejecutó desde el 24 de setiembre de 2025. La firmó Edwin Aruhuanca. La recibió el propio Chávez el 23 de septiembre.
DEPLORABLE
“No es función del Vicerrector Académico ejecutar directamente resoluciones”, alega Cuentas en su quinto punto. Es la defensa final del burócrata: la incompetencia funcional. Pero le responden ejemplos de otros: Carlos Cabrera Carranza, vicerrector académico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asegura que en su casa de estudios “no temblará la mano para sancionar”.
O el caso de la UNSAAC en Cusco, donde un profesor acusado fue detenido en el aula y el Poder Judicial dictó prisión preventiva. De este modo, la carta notarial se reduce contra la palabra de una mujer, S.L.C.A., que fue escuchada por las comisiones y por los tribunales, pero no por el vicerrector que tenía el poder de hacer efectiva la sanción, caso sobre el cual sí tenía conocimiento.
