“¿Qué les pasa a estos serranos?”: Cómo el racismo se convirtió en el arma de descalificación electoral

Redacción: Alexandra Sanca y Jessimiel Rosas

“…qué rabia estos andinos, si no fuera por Machu Picchu hablo con el presidente de China para que les envíe… desde ahora no voy a consumir mote ni chuño. ¿Qué les pasa a estos serranos puneños? No les llega oxígeno al cerebro”.

(«Cristorata» Cristopher Puente – Influencer)

Este comentario, lanzado en redes sociales bajo el seudónimo de ‘Cristo Rata’, resume el tono violento que ha tomado la campaña en las últimas semanas. Más allá del insulto, lo preocupante es la lógica de exclusión que se esconde detrás de estas palabras: un mensaje que deja entrever que el valor del voto o el derecho a la ciudadanía dependen estrictamente de la geografía y la altitud.

Cuando el ataque se dirige a la gastronomía o al origen regional, el mensaje de fondo es que los derechos ciudadanos en la sierra peruana son condicionales e invalidados. Bajo esta lógica, la opinión del habitante rural solo cuenta si se alinea con la de los sectores capitalinos. A menos de 48 horas de abrirse las mesas este domingo 7 de junio, el prejuicio étnico se consolida como una burda estrategia de descalificación electoral. 

La transición hacia la segunda vuelta presidencial ha revivido tensiones históricas que van más allá de los partidos políticos. Los ataques basados en la identidad cultural del votante han desplazado por completo la verdadera prioridad, la discusión de las propuestas electorales, un desborde que, según el psicólogo social y político Agustín Espinosa, responde a factores arraigados que se estructuran en dos dimensiones del prejuicio ideológico.

Por un lado, se activa la dimensión sociocultural, donde un sector de la ciudadanía utiliza el fenotipo, es decir, los rasgos físicos observables,  y el origen geográfico para restar valor a la condición ciudadana de otro peruano. Por otro lado, opera la dimensión psicológica, que moviliza el miedo colectivo frente a un compatriota que se percibe como una amenaza; este mecanismo busca retratar al “otro” elector como alguien incapaz de pensar racionalmente, una justificación social para ignorar o deslegitimar la validez de su voto y sus demandas ante el Estado. 

Frente a este escenario de polarización, el marco jurídico establece límites claros: el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe explícitamente la discriminación por origen o raza. Lejos de ser una opinión respetable bajo el amparo de la libertad de expresión, el racismo entre ciudadanos es un delito penalizado. De hecho, el sanciona los actos de discriminación e incitación al odio con penas de hasta cuatro años de cárcel, un castigo que se agrava cuando las ofensas se difunden masivamente a través de las redes sociales.

Cuando el debate se convierte en exclusión

Las campañas electorales suelen intensificar las emociones colectivas y reforzar las identidades partidarias. Sin embargo, el politólogo peruano Fernando Tuesta advierte que la creciente polarización ha deteriorado gravemente la calidad del debate público en el país. Al favorecer los enfrentamientos emocionales sobre las discusiones sobre las propuestas de cada candidato, el elector del interior deja de ser visto como un ciudadano con demandas legítimas. Desde esta perspectiva, se asume que ciertos votantes son incapaces de tomar decisiones racionales.

En ese sentido, el uso del racismo en contextos de polarización responde a una instrumentalización del miedo para descalificar la opción electoral del “otro”, es decir, aquel ciudadano que no tenga la misma posición política. En sus investigaciones sobre comportamiento electoral publicadas por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el politólogo Jorge Aragón detalla que los discursos discriminatorios suelen reactivarse cuando las diferencias ideológicas se cruzan con fracturas étnicas y geográficas. Estas narrativas operan como recursos de última hora orientados a trazar divisiones morales entre los votantes, restando validez democrática y peso social al voto de determinadas regiones.

Por su parte, el abogado y especialista en derechos humanos Wilfredo Ardito señala que el racismo peruano opera mediante mecanismos cotidianos que establecen jerarquías sociales. Estas prácticas asignan mayor valor social a unos grupos y menor legitimidad a otros, normalizandose a través de estereotipos. Cuando un mensaje ridiculiza alimentos tradicionales como el mote o el chuño, el ataque golpea símbolos de identidad colectiva.

Desde la antropología, los investigadores advierten que este proceso pone bajo sospecha la racionalidad del votante andino. Las élites urbanas suelen interpretar el voto diferente como un síntoma de ignorancia o manipulación. En sus estudios sobre discriminación contemporánea y cultura urbana editados por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la antropóloga Norma Fuller explica que el prejuicio centralista tiende a construir al poblador de las regiones desde una supuesta «minoría de edad intelectual». El uso de estereotipos históricos busca etiquetar las costumbres ajenas como sinónimo de atraso, despojando al ciudadano de su condición de igualdad.

Para el psicólogo social Agustín Espinosa, investigador de la PUCP, las relaciones intergrupales en el Perú arrastran percepciones jerárquicas coloniales. Sus estudios sobre identidad nacional muestran que las poblaciones andinas enfrentan estereotipos que las colocan deliberadamente en posiciones de menor prestigio político, transformando el origen del ciudadano en una trinchera.

El impacto real: De la pantalla a la identidad

Frente a discursos como el del mencionado influencer, Cristo Rata, el impacto trasciende la simple polémica digital y cala en la salud mental de la población. Las plataformas digitales actúan hoy como potentes amplificadores que permiten a estos discursos discriminatorios alcanzar audiencias masivas en minutos. La lógica de confrontación de las redes premia los mensajes más agresivos, generando una falsa sensación de aceptación social hacia expresiones que vulneran los derechos humanos.

Jennifer Mamani Puma, presidenta de la organización Hablemos de Racismo, explica que el desprecio en las redes fractura la autopercepción del ciudadano. Cuando el origen se usa como sinónimo de inferioridad, las personas desarrollan conflictos internos y llegan a ocultar su cultura o negar sus raíces para encajar socialmente. Esta violencia psicológica deja marcas emocionales profundas y puede provocar que la propia víctima termine reproduciendo discursos racistas contra su entorno. Jennifer sostiene que el dolor real no radica únicamente en el insulto geográfico, sino en toda la carga histórica de estereotipos y burlas que lo acompañan:

«Se ataca la memoria de los padres y abuelos, haciendo sentir al ciudadano que su identidad vale menos dentro de su propio país. Una de las barreras más complejas para erradicar estas conductas es la normalización de los comentarios bajo la excusa del llamado «humor negro»».

Para desactivar este daño, la especialista sugiere confrontar a los creadores de contenido cuestionando directamente la supuesta gracia de sus publicaciones. Burlarse constantemente de una cultura o de una procedencia geográfica no es una broma, sino una forma de violencia que impacta directamente en el aprendizaje y la seguridad de los niños que consumen dichas redes sociales.

Para ilustrar este fenómeno, la especialista evoca el célebre poema de Victoria Santa Cruz, «Me gritaron negra», donde la autora descubre el desprecio ajeno a los siete años. De igual manera, muchos peruanos crecen orgullosos de sus costumbres hasta que ingresan a espacios cotidianos donde se les hace notar su diferencia desde la exclusión. Cuestionar propuestas de gobierno es un derecho legítimo, cuestionar la condición humana de una persona por su procedencia es violencia.

Prevención y canales para denunciar el racismo

Como las sanciones suelen llegar cuando el daño ya está hecho, diversas instituciones apuntan hoy a frentes preventivos enfocados en la educación. En el ámbito pedagógico, destaca la implementación de iniciativas dinámicas como el «Teatro Foro: Hablemos de Racismo», un proyecto impulsado por la organización civil Hablemos de Racismo. Esta experiencia utiliza el arte interactivo y la representación escénica para que la niñez aprenda a reconocer y erradicar micro-racismos en sus entornos cotidianos, frenando el prejuicio antes de que se normalice.

Para abordar las agresiones en tiempo real, el Ministerio de Cultura lidera la plataforma Alerta Contra el Racismo, un canal de atención directa encargado de procesar los reportes de la ciudadanía. Si un ciudadano es testigo o víctima de actos de discriminación, ya sea dentro de los locales de votación este domingo o a través de las plataformas digitales, el Estado peruano ha puesto a su disposición la Línea Telefónica Gratuita 1817 y un servicio de atención rápida vía WhatsApp en el número 976 079 336 para canalizar las denuncias de manera inmediata.

El lunes 8 de junio, una vez apagado el ruido electoral, las urnas habrán determinado a quien asumirá la presidencia de la república, pero el mapa de las fracturas sociales peruanas seguirá intacto. El verdadero peligro de este balotaje no radica en las discrepancias ideológicas, sino en cómo el racismo se ha normalizado como una herramienta legítima para anular la condición ciudadana del otro. Romper la identidad de un país para asegurar un puñado de votos deja una herida profunda que ninguna banda presidencial puede sanar por sí sola.

Las elecciones terminan este domingo con el conteo oficial de los sufragios, pero la convivencia democrática se pone a prueba todos los días en la vía pública y en las pantallas. Si la legitimidad del voto sigue dependiendo de la altitud geográfica o del juicio centralista, la democracia se convierte en un simulacro reservado para unos pocos. La meta colectiva no admite treguas políticas: la igualdad absoluta ante la ley no es una concesión post-electoral, sino el único cimiento sobre el cual este país puede llamarse viable.