La Fiscalía de Prevención del Delito emitió una alerta ante los daños registrados en Cerro Colorado. Las autoridades recordaron que la ley sanciona el vandalismo.
La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa lanzó una advertencia severa. Los daños a la propiedad y bloqueos de vías conllevan penas graves. Estas sanciones alcanzan los 10 años de prisión. El pronunciamiento responde a los actos de violencia ocurridos en Cerro Colorado durante el paro de Construcción Civil.
La alerta preventiva del Ministerio Público detalla las acciones del grupo de manifestantes el pasado lunes. Los protestantes atacaron la obra del módulo del Poder Judicial. Ellos destruyeron las cámaras de seguridad y rompieron el cerco del proyecto. También amedrentaron a los vecinos que caminaban por la zona.
Conoce las penas de cárcel por cometer actos de vandalismo
La Fiscalía precisó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta. Sin embargo, este beneficio exige un desarrollo pacífico y sin armas. Los actos vandálicos carecen de protección legal y generan responsabilidad penal. Por ello, las autoridades recordaron las sanciones específicas para quienes cometan delitos en las movilizaciones.
El castigo por causar daños materiales a bienes públicos o privados va de seis a ocho años de prisión. Asimismo, obstruir totalmente las carreteras se sanciona con hasta 10 años de cárcel. Impedir el libre tránsito o afectar servicios básicos recibe una pena de cuatro a seis años. Esta sanción sube hasta los 10 años si los manifestantes actúan con violencia. Finalmente, los ataques a la infraestructura pública o de telecomunicaciones conllevan penas de entre seis y 10 años de cárcel.
Obreros exigen cupos laborales en el proyecto regional
El sindicato de Construcción Civil convocó la movilización para presionar a la empresa contratista. Los trabajadores exigen la reincorporación de tres obreros despedidos. También solicitan que la compañía contrate preferentemente a personal afiliado al gremio local. Los dirigentes rechazan la llegada de trabajadores de otras regiones.
El gobernador regional Rohel Sánchez aclaró la situación legal de este reclamo. La autoridad explicó que ninguna norma obliga a las empresas privadas a contratar personal sindicalizado. A pesar de la advertencia fiscal, los obreros mantuvieron su protesta este martes. Ellos volvieron a concentrarse frente a la obra que ejecuta el Gobierno Regional.
