La Policía Nacional capturó al secretario general y al secretario de organización del gremio tras las denuncias de una empresa constructora. La intervención ocurre luego de los recientes ataques contra una obra judicial en Cerro Colorado.
La Policía Nacional detuvo esta mañana a dos importantes dirigentes del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa. Se trata del secretario general, Lugue Espinoza, y del secretario de organización, Juan Chicata. Las autoridades los investigan por los presuntos delitos de extorsión y coacción. La captura responde a las denuncias que interpuso la empresa APM Contratistas Generales.
Los agentes policiales interceptaron a ambos representantes cuando salían de sus viviendas. Luego de la captura, los custodios los trasladaron bajo estricto resguardo a la sede de Seguridad del Estado. Esta oficina se encuentra ubicada en la calle San Francisco, en el Cercado de la ciudad.
Conflicto por cupos laborales paraliza obra del Poder Judicial
La intervención de la Policía ocurre después de los graves incidentes ocurridos el lunes en Cerro Colorado. Un grupo de manifestantes atacó la construcción del módulo de justicia del Poder Judicial. Los protestantes destruyeron las cámaras de seguridad y rompieron el cerco perimétrico. Los vecinos de la zona también denunciaron que sufrieron amenazas por parte de los obreros.
El problema comenzó por las exigencias del sindicato hacia la empresa encargada del proyecto. Los dirigentes demandaban la contratación exclusiva de trabajadores afiliados a su gremio local. Ellos rechazaban la incorporación de personal procedente de otras regiones del país. Sin embargo, ninguna ley obliga a las empresas privadas a contratar solamente a obreros sindicalizados. Las constantes protestas mantienen paralizada esta importante obra desde hace un mes.
Fiscalía advirtió sanciones graves antes de las detenciones
La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa emitió una alerta un día antes de las capturas. El Ministerio Público notificó formalmente a los delegados del gremio sobre las consecuencias de sus actos. El documento recordaba que la Constitución solo ampara las movilizaciones pacíficas y sin armas.
Los fiscales advirtieron que el vandalismo y el bloqueo de carreteras reciben severas sanciones en el país. Estos delitos conllevan penas que alcanzan los 10 años de cárcel. Actualmente, la Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones en este año 2026. Las autoridades buscan determinar el grado de responsabilidad de los detenidos y planean identificar a otros implicados en los destrozos.
Redacción: Alexandra Sanca
