La atención de la emergencia continúa con retrasos en Huayucachi, donde 100 viviendas permanecen pendientes de evaluación y 60 kits de ayuda humanitaria continúan almacenados en la municipalidad distrital. La situación fue advertida por la Contraloría General de la República, a 11 días del segundo sismo ocurrido el 6 de agosto.
Según el Informe de Orientación de Oficio n.° 023-2026-OCI/0411-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional, la Municipalidad Distrital de Huayucachi todavía no culmina la evaluación de daños, el empadronamiento de afectados y damnificados ni el registro completo de la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).
Las 100 viviendas pendientes de evaluación representan aproximadamente a 400 personas que todavía esperan una validación técnica de sus condiciones. Este procedimiento resulta necesario para identificar las necesidades de las familias afectadas y gestionar la atención correspondiente.
Kits de ayuda siguen almacenados
Uno de los principales problemas advertidos corresponde a la distribución de ayuda humanitaria. La Contraloría constató que 60 kits permanecen almacenados en instalaciones de la Municipalidad de Huayucachi.
Los productos incluyen ayuda humanitaria y víveres destinados a las familias afectadas por la emergencia. Sin embargo, su entrega no se concretó debido a dificultades relacionadas con el transporte y la movilidad.
La situación mantiene a familias damnificadas a la espera de asistencia, mientras los productos permanecen en los almacenes municipales. El retraso se suma a las dificultades que enfrenta la comuna para completar la atención de la población afectada.
El informe también señala que la municipalidad no cuenta con un cronograma formal suficiente para ejecutar todas las acciones vinculadas con la demolición, retiro, transporte y disposición de los escombros generados por las viviendas afectadas.
Observaciones sobre retiro de escombros
La Contraloría también identificó dificultades relacionadas con la disposición de los residuos de las viviendas colapsadas. Según el documento de control, estos materiales estarían siendo depositados en la faja marginal del río Mantaro.
El informe señala que esta disposición se habría realizado sin una autorización formal. Tampoco existirían registros que permitan determinar el volumen de escombros trasladado. La situación podría generar impactos ambientales y evidencia la necesidad de ordenar el manejo de los residuos producidos por la emergencia.
Además, la programación presentada por la municipalidad resulta insuficiente frente a la meta anunciada de intervenir 150 viviendas dentro del plazo previsto. Los hallazgos de la Contraloría muestran retrasos en diferentes etapas de la respuesta municipal. Entre ellas figuran la evaluación de daños, el empadronamiento de familias, la entrega de ayuda y el manejo de escombros.
Mientras continúan estas acciones pendientes, las familias afectadas esperan que las autoridades completen los procedimientos necesarios para acceder a la asistencia y atención correspondiente tras los movimientos sísmicos registrados en el distrito.
