La bancada de Renovación Popular presentó una iniciativa legislativa que busca modificar el Código Penal para sancionar con entre cuatro y seis años de prisión la “apología al delito agravado”. El texto incluye como agravante la difusión de mensajes a través de medios de comunicación, plataformas digitales y manifestaciones públicas.
Riesgos para la prensa
El proyecto señala que la norma pretende intervenir antes de que se concrete un acto violento. Sin embargo, no delimita con claridad qué conductas serían consideradas promoción o justificación de la violencia, dejando la interpretación en manos de las autoridades.
Juristas como Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, advierten que la propuesta vulnera la libertad de expresión. “Lo que se está criminalizando es el traslado de informaciones. Eso es peligroso y abiertamente inconstitucional”, señaló.
Pronunciamiento gremial
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también expresó su rechazo. Su presidenta, Zuliana Lainez, indicó que las categorías utilizadas son demasiado amplias y podrían convertir actividades propias del periodismo en delitos. “Si un periodista recoge declaraciones de un actor de protesta, ¿eso generará responsabilidades penales? Ese escenario es muy peligroso”, afirmó.
El proyecto incorpora como agravante la capacidad de influencia, característica inherente a comunicadores y periodistas. Para la ANP, esta fórmula legislativa abre la puerta a que coberturas de protestas sociales sean sancionadas penalmente, afectando directamente el derecho a informar.
La iniciativa aún debe ser debatida en el Congreso, pero ya genera un amplio rechazo en sectores académicos y gremiales que consideran que representa un riesgo para la vigencia de la democracia y la libertad de prensa en el país.
