Un juzgado de investigación preparatoria de Huancayo deberá evaluar el pedido de prisión preventiva contra ocho militares investigados por los hechos ocurridos el 25 de abril en Colcabamba, región Huancavelica. El expediente fue remitido desde Pampas, provincia de Tayacaja, tras la anulación de la medida y los cambios en la conducción del proceso judicial.
La nueva evaluación se realizará después de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín anulara la resolución que impuso 12 meses de prisión preventiva a los investigados. La decisión judicial también dispuso que otro magistrado vuelva a examinar el requerimiento.
¿Por qué se anuló la prisión preventiva?
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas había ordenado la prisión preventiva de los ocho militares, quienes fueron internados en el penal de Huamancaca Chico, en Huancayo, en junio de 2026.
Sin embargo, la sala superior anuló la resolución el 7 de agosto y dispuso la liberación de los investigados. Según los reportes publicados sobre el fallo, la medida presentaba deficiencias en la motivación, particularmente respecto a los fundamentos que justificaban la prisión preventiva.
Tras la decisión, los militares pasaron a afrontar la investigación en libertad, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso está relacionado con la muerte de cinco jóvenes durante una intervención militar realizada el 25 de abril en Colcabamba. La investigación comprende presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, según los antecedentes difundidos por medios nacionales.
Expediente fue remitido a Huancayo
El proceso estuvo inicialmente a cargo del juez José Leonel Matos Centeno, titular del juzgado de Pampas. Según indormación el magistrado dejó de ejercer funciones en ese despacho desde el 1 de septiembre, en medio de actuaciones disciplinarias relacionadas con su intervención en el caso.
Durante su ausencia, otra magistrada asumió temporalmente el despacho y convocó una audiencia para evaluar el requerimiento de prisión preventiva. La diligencia estaba prevista para el 23 de octubre, pero quedó sin efecto tras la reincorporación de Matos Centeno a sus funciones.
Ante la necesidad de que otro magistrado evalúe el pedido, el expediente fue remitido a Huancayo. Hasta el 19 de octubre, no se había precisado qué juzgado asumiría formalmente el caso ni cuándo se desarrollaría la nueva audiencia.
El magistrado que reciba el expediente deberá convocar a las partes y examinar los argumentos del Ministerio Público y de las defensas. La diligencia permitirá determinar si corresponde imponer nuevamente la prisión preventiva o adoptar otra decisión judicial.
Mientras tanto, los ocho militares continúan afrontando la investigación en libertad. La decisión sobre una eventual nueva medida restrictiva dependerá de la evaluación judicial del requerimiento y de los fundamentos que presenten las partes.
