Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad por recibir S/3.000 de un conductor intervenido por manejar en estado de ebriedad. El hecho ocurrió en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima. Según informó el Ministerio Público, el efectivo solicitó inicialmente S/4.000 para evitar que se impusiera la multa correspondiente y se aplicaran otras medidas contra el conductor.
El agente fue identificado con las iniciales P. S. U. y pertenecía a la Comisaría de San Juan de Miraflores. La Fiscalía lo investigó por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, debido a que habría solicitado dinero a cambio de omitir sus obligaciones como autoridad.
Policía pidió dinero para evitar sanción de tránsito
De acuerdo con la investigación fiscal, el suboficial intervino a un ciudadano que conducía un vehículo en estado de ebriedad. Durante el procedimiento, le habría exigido S/4.000 para no imponerle una multa, evitar la cancelación de su licencia de conducir y permitir que conservara su vehículo. Posteriormente, el efectivo recibió S/3.000, según las diligencias del Ministerio Público. Esta entrega permitió que las autoridades ejecutaran un operativo para intervenirlo en flagrancia.
La detención se realizó dentro de la Comisaría de San Juan de Miraflores. El procedimiento estuvo dirigido por los fiscales adjuntos provinciales Jimmy Mansilla Castañeda y Efraín Rivasplata Mora, quienes participaron en las acciones fiscales.
Videovigilancia permitió sustentar la investigación
Para respaldar la acusación, la Fiscalía reunió documentación relacionada con la intervención y la identificación del personal policial involucrado. Entre los elementos incorporados al caso figuró una copia de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.
Estos registros formaron parte de los elementos probatorios utilizados durante el proceso judicial para sustentar la responsabilidad del efectivo. El caso estuvo a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, que impulsó la investigación por el presunto cobro irregular.
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