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Integridad en la función pública exige honestidad y decisiones al servicio de los ciudadanos

La integridad en el ejercicio de la función pública no consiste únicamente en evitar actos de corrupción, sino también en actuar con honestidad, transparencia y responsabilidad, incluso cuando estas decisiones impliquen enfrentar presiones o renunciar a beneficios personales. Esta es una de las principales reflexiones que deja el mensaje del papa León XIV durante su reciente visita al Perú, en la que exhortó a priorizar el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales.

La reflexión cobra especial importancia en un país donde la confianza en las instituciones continúa siendo un desafío. Según el Latino-barómetro 2026, citado en el artículo de opinión publicado por El Peruano, apenas el 9 % de los peruanos confía en el Gobierno y el Congreso, mientras que solo el 10 % expresa confianza en los partidos políticos. Estas cifras evidencian la necesidad de recuperar la credibilidad de las entidades públicas.

Las normas no son suficientes para garantizar una gestión íntegra

El ordenamiento jurídico peruano establece principios y obligaciones para quienes trabajan en el Estado. El artículo 39 de la Constitución señala que los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Asimismo, la Ley N.° 27815, Código de Ética de la Función Pública, contempla principios como probidad, eficiencia, idoneidad y justicia. A estas disposiciones se suman las normas orientadas a prevenir los conflictos de intereses y fortalecer los modelos de integridad en las instituciones.

Sin embargo, el cumplimiento de las normas requiere también liderazgo y compromiso personal. La integridad implica escuchar a la ciudadanía, asumir responsabilidades y tomar decisiones sustentadas técnicamente, sin permitir que los intereses particulares condicionen la gestión pública.

Combatir la corrupción también implica evitar la inacción

Otro aspecto importante es que el temor a las investigaciones o cuestionamientos no debe convertirse en una razón para paralizar la administración pública. La falta de decisiones oportunas puede generar consecuencias para la población, como servicios deficientes, inversiones postergadas y oportunidades perdidas.

En ese sentido, la reflexión de la autora Carmen Vegas Guerrero plantea que la integridad también exige tener el valor de adoptar decisiones difíciles, siempre dentro del marco legal y con sustento técnico. El mensaje del papa León XIV invita a entender que la autoridad no debe utilizarse para obtener privilegios, sino como una responsabilidad orientada al bien común y, especialmente, a atender a las personas más vulnerables.

R: Y.H.

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