Katherine Sarmiento
En las últimas semanas, nuestra política se ha convertido en un torbellino. Expresidentes, excandidatos, exfuncionarios públicos, personajes que parecían intocables van cayendo uno por uno a raíz de los destapes de las investigaciones del caso Lava Jato. A primera vista puede parecer que los que siempre han tenido el poder hoy están temblando. Sin embargo, hay ciertos actores con no menos poder que están pasando desapercibidos.
Los últimos hallazgos le han dado evidencia concreta a lo que ya era casi un sentido común. Que detrás de buena parte de nuestra clase política, hay poderes fácticos que imponen su voluntad. El caso de Odebrecht es bastante ilustrativo sobre el modus operandi de estos poderes: empresarios que corrompen sistemáticamente a funcionarios del Estado para ver favorecidos sus intereses. Políticos que aceptan favorecer determinados intereses a cambio de recursos para beneficio propio o de sus organizaciones políticas. Con justa razón, hoy las investigaciones se vienen concentrando en aquellos actores que, jactándose de tener actividades dentro de la ley, terminan desarrollando prácticas corruptas. Sin embargo, no son los únicos interesados en servirse de los recursos del Estado para beneficio de sus negocios. Los operadores de economías ilegales forman parte de un oscuro terreno, del que poco se sabe, menos se discute y, sin embargo, hay indicios para pensar que juegan un papel clave en el funcionamiento de nuestra política.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Alan García, cuyo suicidio en el marco de su detención preliminar remeció al país hace unos días, dejándonos con más preguntas que respuestas. García venía siendo investigado por presuntamente haber recibido financiamiento de la constructora Odebrecht. Sin embargo, ya años atrás había sido denunciado por presuntos delitos de encubrimiento personal y asociación ilícita para delinquir en el marco del caso Narcoindultos. Según la denuncia presentada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, durante su gobierno, García otorgó 5,246 conmutaciones de pena (indultos presidenciales), de las cuales, alrededor del 61% favorecieron a condenados por tráfico ilícito de drogas[1]. No constituye prueba de que García tuviera algún tipo de relación con tal actividad ilegal, pero sin duda resulta un indicio potente que requiere investigación. García hoy está muerto y, por más que se investigue, poco sabremos sobre lo que representaron estos indultos.
Similar situación ocurre con Keiko Fujimori, quien cae en prisión preventiva en el marco de la investigación por lavado de activos a raíz de presuntos aportes ilegales de Odebrecht, pero ese no es el único vínculo poco claro que tiene la ex candidata. En el 2016, salieron a la luz indicios sobre los vínculos que tendría el entonces secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, con el investigado por tráfico ilícito de drogas Miguel Arévalo (“Eteco”)[2]. De igual forma, no constituye prueba de culpabilidad, pero la situación despierta justas sospechas que deben ser aclaradas.
Las recientes investigaciones y destapes sobre los casos de corrupción pueden ser vistos como una luz de esperanza para la justicia en nuestro país. Sin embargo, hay que cuidar que la justicia sobre determinados casos no signifique la impunidad sobre otros. Más aún, considerando que cuando se trata de procesar los vínculos de las actividades ilegales con la política, la impunidad parece ser el pan de cada día. En el 2010, de los 9 candidatos al gobierno regional alguna vez investigados por sus vínculos con actividades ilegales, apenas 4 fueron procesados y solo 1 fue sentenciado. En el 2014, de los 19 candidatos alguna vez investigados por sus vínculos con actividades ilegales, apenas 7 fueron procesados y solo 4 sentenciados penalmente. En síntesis, menos de la mitad de las sospechas sobre vínculos entre políticos y operadores ilegales se convierten en casos judiciales. Y aun entre aquellos casos que logran procesarse, la mayoría no prospera no por falta de indicios, sino por falta de pruebas[3].
Las investigaciones están dando buenos resultados en términos de la identificación de actores y sus presuntas responsabilidades penales en torno al caso Odebrecht. Hoy tenemos abundante evidencia sobre cómo operó y a quiénes involucró. Sin embargo, si la investigación se limita a este caso en concreto, estaremos poniendo atención solo en una parte de la compleja red de poder que atraviesa nuestra política y descuidando otra que podría resultar aún más peligrosa. La investigación sobre nuestra actual clase política debe girar no solo en torno a sus vínculos con Odebrecht, sino sobre sus prácticas de corrupción en general y aprovechar la oportunidad para poner atención en los que históricamente pasan desapercibidos: los actores ilegales. Recordemos que, si caen los operadores actuales, aparecerán nuevos y, probablemente, más preparados. Sobre todo, considerando que en política no hay vacío de poder que dure.
NOTAS:
[1] Fuente: Hildalgo, M. (02 de abril del 2013). Gobierno aprista redujo penas a condenados por tráfico ilícito de drogas.
[2] Fuente: Castilla, O. (17 de mayo de 2016). Acusado de capo de la droga de Perú junto a financista de Keiko están en la mira de la DEA.
[3] En el 2018, aún no podemos saberlo con exactitud, puesto que –por lo general –los procesos son abiertos a unos años de iniciada la gestión.
