El Congreso de la República, hace unos días, aprobó por insistencia la Ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia, pese a que el Ejecutivo observó la medida, alegando que iba en contra de la seguridad jurídica y generaría el pago de altas indemnizaciones en favor de los concesionarios.
Clever Gómez, especialista en temas viales y consultor en pavimentos, señaló que esta ley, efectivamente, generará millones de dólares en pérdidas para el Estado peruano, y que nos ocasionará grandes problemas en los arbitrajes que presenten los concesionarios involucrados.
En ese contexto, señaló que tras la suspensión de los cobros, el costo de mantenimiento no va a parar, “por lo que el Estado peruano tendrá que garantizar esta actividad en los 78 peajes”.
Indicó que, según Ositran, la Ley de la suspensión del pago del peaje solo afectará a seis concesiones autofinanciadas, porque para las 10 concesiones cofinanciadas y todas las demás carreteras que están administradas por Provías Nacional, ya se suspendió el cobro del peaje desde la primera semana de abril, por decisión del Gobierno.
Acotó que ello lo pagarán y subsidiarán todos los peruanos, mediante los impuestos; asimismo, detalló que en las vías concesionarias cofinanciadas de la Interoceánica Sur, “el pago anual de mantenimiento y operación, en el tramo cinco, tiene un coste de 15.6 millones de dólares”.
Finalmente, Gómez refirió que si el cobro del peaje no se cumple como se establece en el contrato, el gran sacrificado es el pueblo peruano, al tiempo de señalar que el 75% del aporte a los cobros proviene del transporte de carga pesada, “quienes están utilizando las pistas ahora”.
