La jefa de la oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Puno (GRP), Carmen Beatriz Choquehuanca García, se negó a entregar información sobre los trabajadores de una obra en Chucuito-Juli, argumentando que se trata de “información personal”; sin embargo, el defensor del Pueblo, Jacinto Ticona, desestimó sus razones.
El consejero por la provincia de Chucuito, Abad Vizcarra, solicitó una copia fedateada y detallada de la planilla de pagos del personal que laboró en la obra de la vía Pomata-Yorohoco durante los años 2022, 2023 y 2024.
La solicitud fue hecha en calidad de consejero regional, adjuntando los antecedentes respectivos. Sin embargo, pocos días después le negaron la información.
Esto se puede apreciar en el informe emitido por Carmen Beatriz Choquehuanca, quien afirmó que entregar esa información no es viable.
«Si bien la información referida tiene la calidad de pública, este derecho tampoco puede vulnerar la protección de datos sensibles y privados de los particulares (…) No se debe solicitar información de manera indiscriminada o sin justificación razonable», afirmó en el documento.
No obstante, existe una jurisprudencia, es decir, una decisión de un tribunal de Transparencia, que establece que ese tipo de información sí debe ser entregada, aunque tachando, por ejemplo, algún descuento judicial que pueda tener un trabajador.
Cabe recordar que Los Andes ha informado de muchos casos de los llamados «trabajadores fantasmas», que no son otra cosa que una forma de extraer dinero de las arcas públicas mediante la inclusión de supuestos trabajadores que en realidad no laboran.
