Escrito: Jean Carlo Frisancho
La Contraloría General de la República ha identificado serias deficiencias en la gestión de las procuradurías municipales de Miraflores y Hunter, lo que podría comprometer la defensa jurídica de los intereses del Estado en estas jurisdicciones.
En Miraflores, el alcalde Germán Torres habría designado al procurador de forma irregular, mientras que en Hunter, bajo la gestión del alcalde Christian Alexander Arce, no se estarían asignando los recursos humanos necesarios para la oficina de la Procuraduría.
En el informe N° 097-2024-OCI/0353- SOO sobre el caso de Miraflores, la Contraloría detectó que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad no ha sido adecuado a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1326, publicado en 2017, ni a su reglamento, aprobado en 2019.
Estas normativas establecen que las Procuradurías Públicas deben mantener una vinculación administrativa, normativa y funcional con la Procuraduría General del Estado.
Sin embargo, el ROF vigente, aprobado en 2015, establece que el procurador es designado por el alcalde y depende administrativamente de la Alcaldía.
En Hunter, según el informe N° 098-2024-OCI/0353- SOO, la problemática radica en la falta de personal designado para la oficina de la Procuraduría, lo cual limita la capacidad de ejercer una defensa adecuada de los intereses municipales.
Esta omisión podría interpretarse como una vulneración al sistema de defensa jurídica del Estado, que exige a las municipalidades contar con procuradores públicos idóneos y con los recursos necesarios para cumplir sus funciones.
Se les dio un plazo máximo de cinco días hábiles a ambos municipios para tomar acciones.
Dato
El procurador defiende los intereses del Estado y debe ser libre de interferencias para garantizar su imparcialidad.
