La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, criticó los alegatos del fiscal José Domingo Pérez contra su patrocinada, quien enfrenta una solicitud de pena de 30 años y 10 meses de prisión por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Este es el principal argumento de la defensa y su mejor carta para evitar que Fujimori cumpla una pena tan larga, la cual se relaciona con el lavado de activos. En cambio, por la omisión en la transparencia de sus ingresos, la pena sería considerablemente menor.
Los fujimoristas están aprovechando un reciente precedente judicial que establece que para probar el delito de lavado de activos se debe demostrar de manera fehaciente que el dinero proviene de una fuente ilegal.
Es importante señalar que en otros contextos, basta con un desbalance patrimonial o ingresos no probados legalmente para presumir el lavado de activos, aunque esto ha cambiado con el precedente mencionado. Varios juristas han coincidido en señalar que es la mayor dificultad del fiscal Domingo.
