Desde 2017, el proyecto de 7 mil millones de dólares para llevar gas natural a las regiones sureñas está paralizado. A falta de liderazgo de las autoridades, la sociedad civil se organiza para demandar al Estado ejecución del proyecto.
Escribe: Jean Carlo Frisancho
El Gasoducto Sur Peruano fue concebido para transportar gas natural desde Camisea hasta la costa sur, recorriendo más de 1,000 kilómetros con una inversión de US$ 7.328 millones. Su meta era mejorar la seguridad energética, descentralizar la generación eléctrica y fomentar el desarrollo industrial en regiones marginadas como Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua y Tacna. Sin embargo, en 2017, la corrupción en su adjudicación paralizó el proyecto, y desde entonces, seis presidentes y tres periodos de gobiernos regionales no han logrado reactivarlo.
En el II Encuentro Macro Regional del 15 de marzo, dirigentes de Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Apurímac exigieron la culminación del Gasoducto Sur Peruano y rechazaron el Gasoducto Costero del Gobierno.
Solicitan una mesa de diálogo resolutiva y han anunciado una jornada nacional el 10 de abril, además de un paro de 24 horas en el sur el 14 de mayo, sumándose al paro indefinido contra el proyecto Tía María y La Tapada en el Valle de Tambo.
Elmer Arenas Pérez, secretario regional de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), confirma que la unidad del sur radica en la ejecución del Gasoducto Sur Peruano, ya que el Gobierno lo ha descartado pese a la inversión realizada.
“Queremos que todos los hogares tengan su propio gas”, señala. Al encuentro fueron citados alcaldes y gobernadores, pero no asistieron, repitiendo el desinterés mostrado por las anteriores autoridades en los últimos ocho años.
Por ejemplo, el alcalde provincial de Puno, Javier Ponce Roque, denunció la exclusión de su región del Gasoducto Sur Peruano y responsabilizó al gobernador Richard Hancco Soncco. “Todo el sur del Perú debería luchar por el gasoducto, pero la responsabilidad de liderar recae en los gobiernos regionales. Existe una jerarquía institucional que debe respetarse”, afirmó.
También alertó sobre el retraso del Proyecto de Masificación de Gas Natural, cuya Planta Satélite de Regasificación es en Jayllihuaya, que tiene un presupuesto de 26 millones de soles, fue postergada hasta mayo o junio por falta de estudios de suelo.
HISTORIA
Toda la historia del gasoducto comenzó hace más de 17 años.
En 2008, el gobierno peruano impulsó un gasoducto para llevar el gas de Camisea al sur, fomentando el desarrollo energético e industrial. En 2010, se firmó un acuerdo de US$ mil 330 millones con Kuntur Transportadora de Gas (KTG), pero el contrato fue cancelado y se lanzó una nueva licitación. En 2014, el gobierno de Ollanta Humala adjudicó el proyecto al Consorcio Gasoducto Sur del Perú, integrado por Odebrecht (75 %) y Enagás (25 %), con un contrato de 34 años y una inversión de US$ 7 mil millones. Enagás operaría el gasoducto y Odebrecht lo construiría.
Para 2015, la obra tenía un 34 % de avance, y Graña y Montero compró el 20 % de la participación de Odebrecht por US$ 215 millones. Sin embargo, en 2016, el escándalo de Lava Jato estalló con la condena del CEO de Odebrecht, lo que dejó el proyecto sin financiamiento.
En 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski canceló el contrato al no conseguirse fondos, y el Estado ejecutó una garantía de US$ 262.5 millones. ProInversión intentó relanzarlo a fines de ese año, pero los procesos judiciales contra Odebrecht, Enagás y Graña y Montero lo paralizaron.
COBROS
Paralizado y sin avance, esta obra nos sigue costando millones. Desde junio de 2017, el Gobierno peruano destina US$ 47 millones anuales al mantenimiento de tuberías y equipos abandonados, valorizados en US$ 1,678 millones.
Inicialmente cubierto con la garantía de US$ 262.5 millones cobrada al concesionario, en 2022 el gasto pasó al presupuesto público, aumentando de S/ 150 a S/ 172 millones anuales, con un costo diario de S/ 471,491.
El 20 de diciembre de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de Enagás, otorgándole US$ 176.4 millones, el 34.5 % de los más de 500 millones reclamados. El tribunal reconoció medidas correctas del Estado peruano, pero también determinó que algunas modificaciones contractuales fueron expropiatorias. Enagás ha solicitado la rectificación del laudo y podría negociar con el Gobierno.
Odebrecht también ha demandado al Perú mediante dos subsidiarias en Luxemburgo y probablemente ganará, obligando al país a pagar. Esto se debe al Decreto de Urgencia 001- 2017, que comprometió el pago del valor contable de los bienes, estimado en US$ 2,601 millones en 2016.
El Estado posee casi toda la tubería del gasoducto y ha gastado US$ 356 millones en su mantenimiento desde 2017, superando en US$ 114 millones la carta fianza ejecutada. En resumen, se perdieron millones en este proyecto, ahora paralizado y sujeto a un litigio internacional.
AREQUIPA
Mientras esto sucede, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, no ha mencionado en nada el gasoducto, lo que le ha valido acusaciones de “traidor”, pues es el único gobernador de la región que no apoya el proyecto.
Sin embargo, el Gobierno Regional de Arequipa sí ha respaldado la propuesta de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que en octubre de 2024 presentó un plan para extender el Gasoducto Costero hasta Arequipa, con una inversión estimada de US$ 2 mil millones. El pedido fue formalizado ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que aún no ha emitido una respuesta.
No obstante, es cuestionado, ya que su aprobación implicaría extender por 10 años la concesión del gasoducto sur, actualmente otorgada a TGP por 30 años. Y solo beneficiaría a Arequipa e Ilo y no a Puno, Moquegua, Tacna y Apurímac. Esperan que para el 28 de julio se firme la adenda.
CUSCO
El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, ha expresado su firme apoyo al gasoducto, viéndolo como esencial para la seguridad energética del país y el desarrollo de la región. “El gasoducto para Cusco y el sur va. La palabra se respeta, no se negocia”, afirmó, destacando que la seguridad energética del Perú depende de este proyecto.
El 13 y 14 de marzo, la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco protestó exigiendo la reactivación de la obra, con énfasis en la ejecución del proyecto. “Esta es una lucha justa.
No solo se trata de un proyecto, sino de garantizar el desarrollo de nuestras regiones y el acceso a recursos que nos pertenecen”, señaló Juan Castillo, secretario general de la federación.
Dato.
En 2020, el Minem recibió un informe de Mott McDonald, cuyo contenido no es público: confirmaba que se podía mantener el trazo original para abastecer de gas al sur y que las reservas de gas natural eran suficientes para garantizar el suministro por casi tres décadas.
Cifra.
38% De avance físico acumulado tiene el Gasoducto Sur Peruano, según el informe de supervisión de enero de 2017 elaborado por Osinergmin, que representa una inversión de 1,678 millones de dólares.
