Por: Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes
Mollendo y Arequipa contaron con alcaldes luchadores, veamos: El año 1984 el entonces alcalde aprista Hernán Montoya Valdivia, con acuerdo del concejo municipal, apoyó la huelga nacional contra el Gobierno de Acción Popular, por su entreguismo a las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. En diciembre de 1992, el burgomaestre de izquierda unida, Pastor Céspedes Rodríguez, lideró la huelga, por el problema del agua y la represa de Tolapalca, realizada en plena dictadura de Alberto Fujimori, a pocos meses del golpe del 05 de abril.
Juan Manuel Guillén, el año 2002, cuando era alcalde de Arequipa, propició una masiva protesta contra la privatización de las empresas eléctricas de Arequipa, logrando sigan en condición de empresas públicas. El año 2004, el Gobierno de Alejandro Toledo, a mitad de año varió los montos del canon minero en los presupuestos de los gobiernos locales, arrebatando varios millones a la Municipalidad Provincial de Arequipa; su alcalde el Ing. Yamel Romero Peralta, regidores y funcionarios (me desempeñaba como Gerente Municipal), decidimos trasladarnos a Lima, con cientos de ciudadanos arequipeños en diez buses, a protestar ante el Congreso de la República y Ministerio de Economía y Finanzas; enfrentamos la represión policial; conversamos con el entonces presidente del Parlamento, Ántero Florez Aráoz, y asesores del MEF, Cecilia Blume, Waldo Mendoza y Nelson Shack. Conseguimos restituyan recursos al gobierno local de la Ciudad Blanca.
El año 2006, ante la exoneración del impuesto a la renta (canon minero), a favor de Sociedad Minera de Cerro Verde, afectando, los recursos ediles; la Municipalidad de Arequipa, con Acuerdo de Concejo, constituyó el comité de lucha por el canon minero, presidido por el alcalde (me designaron coordinador); realizamos una marcha hacia la mina de Cerro Verde, se dejó memorial e invitación a dialogar. La empresa tuvo la sabiduría de sentarse a la mesa a dialogar, obteniéndose: entrega de dinero equivalente a lo no percibido por la exoneración del impuesto a la renta; presupuesto para estudios de plantas de tratamiento de agua potable y residuales; financiamiento para su ejecución, también de intercambios viales. Los alcaldes, sí, pueden y deben luchar con sus pueblos.
