El jefe de la División de Orden Público, coronel PNP Raúl Acosta, anunció supervisiones inopinadas y permanentes en las dependencias urbanas y rurales. La medida busca erradicar las inconductas funcionales tras el escándalo que involucra a la comisaría de Hunter.
Las 54 comisarías pertenecientes a la provincia de Arequipa serán sometidas a un riguroso proceso de control especial y auditoría interna. La drástica medida institucional se tomó como respuesta directa al reciente robo de armamento reglamentario, un caso delictivo que involucra directamente a malos efectivos de la delegación policial Andrés Avelino Cáceres, ubicada en el distrito de Jacobo Hunter.
El jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial Arequipa, coronel PNP Raúl Genaro Acosta Vera, fue el encargado de oficializar las intervenciones. El alto mando precisó que las acciones de fiscalización se intensificaron inmediatamente después de la visita del Inspector General de la Policía Nacional, quien emitió recomendaciones urgentes para optimizar el resguardo de los bienes del Estado.
Inspecciones inopinadas alcanzarán a sectores urbanos y rurales
El plan de contingencia abarca la totalidad de las dependencias operativas de la provincia, divididas estratégicamente en 35 comisarías situadas en el área urbana y 19 distribuidas en los distritos rurales. Las autoridades policiales confirmaron que los operativos de control interno se ejecutarán de forma permanente y bajo la modalidad de visitas inopinadas para sorprender al personal en flagrancia.
Los equipos auditores, integrados por oficiales de alto rango y coroneles asignados, asumieron la tarea de verificar que el servicio a la ciudadanía se brinde según los manuales oficiales. «Es un trabajo de limpiar la casa, de separar a los malos elementos. No hacemos ningún tipo de espíritu de cuerpo; por el contrario, tratamos de separar el trigo de la paja», enfatizó el coronel Acosta Vera.
Fiscalizarán polvorines, bitácoras y estado de patrulleros oficiales
Durante el desarrollo de las inspecciones, las comisiones técnicas revisarán minuciosamente los inventarios de los polvorines, el control del armamento de largo y corto alcance, el estado mecánico de los patrulleros y las bitácoras de combustible. Asimismo, se fiscalizará la asistencia física de los agentes y el correcto llenado de la documentación penal de los detenidos.
Los comandos de la Región Policial señalaron que este despliegue también servirá para diagnosticar las carencias logísticas de las comisarías y subsanar deficiencias de infraestructura. El objetivo principal apunta a devolverle la predictibilidad al servicio de seguridad ciudadana y sepultar las malas prácticas que facilitaron el robo de armamento en la delegación de Hunter.
