El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra ocho miembros del Ejército por el crimen múltiple en Colcabamba. El magistrado desestimó los alegatos de la patrulla tras confirmarse que no se hallaron armas en poder de las víctimas ni en la escena.
Defensa legal de uniformados alega fuego cruzado en intervención antidrogas
Los abogados de los ocho efectivos del Ejército Peruano investigados por la muerte de cinco civiles en la zona de Colcabamba en Huancavelica sostienen que sus patrocinados actuaron en defensa propia. Según la versión de la defensa, los uniformados respondieron con sus fusiles de reglamento Scar-L luego de que los ocupantes de una camioneta se resistieran a una intervención antidrogas y abrieran fuego contra la patrulla militar.
Para respaldar la teoría del ataque, la defensa presentó peritajes del Ministerio Público que detectaron partículas de plomo, antimonio y bario en dos de los fallecidos (Wilder Romero y William Núñez) y en un sobreviviente herido (Jhonatan Águila). Sin embargo, el jefe de la patrulla, capitán EP Luis Montenegro Pardo, y los demás implicados han optado por mantener el silencio y no declarar formalmente ante las autoridades judiciales.
Testimonio de sobreviviente revela presunta siembra de municiones por el Ejército
Durante la evaluación del pedido de prisión preventiva, el juez José Matos Centeno desestimó los argumentos de los militares tras confirmarse que ni la Policía Nacional ni la Fiscalía hallaron armas en el vehículo civil ni en los alrededores de la escena. Al ser cuestionada sobre la ausencia del armamento, la defensa militar sugirió sin pruebas que estas «pudieron ser arrojadas» fuera de la unidad durante el trayecto.
Asimismo, la hipótesis de la agresión civil perdió fuerza ante la declaración del sobreviviente Jhonatan Águila Gutiérrez. El testigo aseguró que, tras percatarse de que el vehículo no transportaba sustancias ilícitas, los efectivos recibieron órdenes de esparcir cartuchos de calibres 9 mm y 38 dentro de la cabina y la tolva para simular un enfrentamiento. Ningún uniformado resultó herido ni se registraron daños en los pertrechos de la patrulla.
Fiscalía advierte posible contaminación de pruebas durante custodia de víctimas
El fiscal de Derechos Humanos de Junín, Johel Chamorro Macukachi, aclaró en la audiencia que el hallazgo de restos de pólvora en tres de los civiles no demuestra de forma concluyente que hayan disparado. El representante del Ministerio Público argumentó que los cuerpos y los sobrevivientes permanecieron bajo la custodia exclusiva de los militares durante varias horas antes de la llegada de los peritos, periodo en el cual se pudo haber contaminado a las víctimas.
Al no comprobarse que los pasajeros portaran armas de fuego ni que iniciaran un ataque, el magistrado determinó que los alegatos de los investigados carecen de sustento técnico. Las investigaciones en este año 2026 continuarán bajo régimen de reclusión provisional para los ocho implicados en el fuero civil, mientras la fiscalía penal busca esclarecer los pormenores del múltiple homicidio.
Redacción: Alexandra Sanca
