ESCRIBE: JAVIER CALDERÓN
A prácticamente dos años de aquel fatídico episodio ocurrido en Juliaca el 2023, la Fiscalía prepara una solicitud de ampliación de plazo en las investigaciones que tiene como principal barrera a los mismos operadores de justicia.
En la memoria colectiva aún está presente el 9 de enero de 2023. Aquel día 17 hijos del pueblo murieron a consecuencia de la represión policial. Un policía también perdió la vida y luego de una penosa agonía algunos días después, un adolescente de 15 años daba su último suspiro.
Han pasado prácticamente dos años desde aquel fatídico episodio y la sed de justicia en las víctimas, en la familia y el pueblo de Juliaca, permanece intacta.
Contrariamente y como lo manifestó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hasta el momento no hay un solo detenido y autoridades políticas como Dina Boluarte, prefieren lavarse las manos con la sangre de quienes cayeron exigiendo su dimisión a la Presidencia, tal cual ocurre hasta hoy.
INVESTIGACIÓN
Diario Los Andes conversó con el abogado César Quispe Calsín, sobre el avance en las investigaciones y las dificultades que han debido sortear en ese camino cuya meta es encontrar justicia.
“En los próximos días vence el plazo de la investigación preparatoria, sin embargo, tenemos conocimiento que el equipo especial de fiscales solicitará una ampliación… porque el número de agraviados es numeroso, algunos no han declarado al igual que agentes del Estado; allí están involucrados más de mil policías y militares”, refiere el letrado respecto a la actualidad del proceso.
Y es que, la Fiscalía debe tomarse algunos meses más, para recabar elementos de convicción a partir de los cuales se pueda acusar, por el momento a los 19 policías investigados por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves, comisión y omisión.
“Estamos en la primera etapa, este año esperemos pasar a la etapa intermedia ya con la acusación fiscal propiamente”, explica uno de los abogados de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de 2023.
DINA A LA CÁRCEL
De acuerdo a la cadena de mando, as responsabilidades en cuanto al accionar policial no excluyen a la presidenta de la República.
“Desde Puno se ha presentado una denuncia en la Fiscalía de la Nación en contra de Dina Boluarte, su entonces premier Alberto Otárola, sus ministros del Interior y Defensa. Su elaboración fue concluida en el 2023 y luego se presentó la denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
Hace tres semanas, recién le han dado trámite en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con lo cual ellos también están comprendidos en la denuncia por homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves, comisión y omisión.
Saliendo un poco del plano estrictamente legal, Quispe Calsín ve con preocupación las brechas existentes en los diferentes espacios de la sociedad. “Hay dificultades de carácter logístico. El gobierno ha contratado toda una maquinaria de abogados, a quienes les pagan medio millón, 300 mil. ¿Y las víctimas?, ¿los deudos? Por eso es que digo; los abogados asumimos de manera patriótica esta responsabilidad. Querían borrar de plano todo lo ocurrido”, resaltó el abogado.
En este proceso, existen episodios vinculados al miedo, ese que desde la Policía se intentó sembrar en los heridos: “…los meteremos a la cárcel por terrorismo…”, le dijo un efectivo vestido de civil a uno de los hospitalizados. Con el transcurrir del tiempo, eso se acabó y quienes conforman la organización que busca justicia se han empoderado y ese espíritu contagió a otras regiones.
“Es una muestra de resistencia cultural. Me recuerda la frase de Túpac Katari: ‘Volveré y seré millones’, Puno ha despertado al país. No pasará mucho tiempo en el cual recuperemos la democracia y así sentenciar a los asesinos, empezando por Dina”, comenta Quispe Calsín.
DOLOR DE HERMANO
Raúl Samillán Sanga es presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de 2023. Perdió a su hermano, Marco Antonio, un joven médico cuyo único error fue acudir a los heridos de la masacre. Una bala le cegó la vida y los sueños de salvar vidas.
Juliaca soporta una fuerte granizada y Raúl nos recibe en su casa. Cuando habla de su hermano se le quiebra la voz y de sus ojos brotan lágrimas. “Para nosotros que somos los hijos del pueblo… alcanzar justicia es difícil. Han pasado dos años y no se tiene a ninguna persona detenida; el equipo especial de fiscales no tiene el presupuesto necesario para acelerar las investigaciones”, dice, triste, porque el dolor pervive a pesar del tiempo.
En toda esta maraña para dilatar los tiempos Raúl tiene claras las cosas. “La señora Dina Boluarte en un pacto de impunidad con la señora Patricia Benavides, son responsables del retraso de las investigaciones. Ellas entorpecieron las primeras diligencias que eran fundamentales para que nosotros podamos llegar a la verdad. Pusieron todo tipo de trabas para que estas investigaciones avancen”, comenta. Efectivamente, en su momento, la disposición de pruebas de absorción atómica a los agentes, hubiera aclarado el panorama de inmediato, no lo hicieron, no quisieron.
“Le pido a la señora Dina, lo mismo que el 95 % de peruanos, que deje el cargo, que se someta a las investigaciones. Lo único que está haciendo es alargar el dolor. Boluarte debe convocar a nuevas elecciones e irse. Así tendríamos cierta tranquilidad y la esperanza de alcanzar justicia”, concluye Raúl Samillán.
Dato
La defensa de los mártires y víctimas del 9 de enero concretarán una reunión con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la finalidad de exigirle disponga celeridad en las investigaciones que en realidad han avanzado muy poco.
Cifra
Votos a favor y 6 en contra determinaron la acusación constitucional en contra de la presidenta de la República Dina Boluarte y su entonces primer ministro Alberto Otárola.
