Policía arremetió contra manifestantes que emprenden medida y detuvo a dos de sus dirigentes

Cientos de pobladores que viven alrededor de la cuenca Coata, que desde ayer acatan un paro indefinido en contra de las autoridades del Gobierno Regional y Central, se enfrentaron con los agentes de la policía, a causa de algunas descoordinaciones en cuanto a su movilización.

Desde muy temprano, grupos humanos procedentes de Coata, Huata, Capachica y demás comunidades afectadas con la contaminación del referido afluente, emprendieron la medida de protesta que en principio se anunció sería pacífica.

ENFRENTAMIENTO

Sin embargo, cuando se encontraban por las inmediaciones de la avenida Mártires del 4 de Noviembre, en la salida a Puno de la ciudad de Juliaca, se toparon con los agentes de la policía, los cuales resguardaban la zona y controlaban las medidas sanitarias ordenadas por el gobierno ante la covid-19.

Al notar que los manifestantes no cumplían con el distanciamiento de un metro, los efectivos se acercaron a ellos y los exhortaron a corregir este problema, si su intención era ingresar a lugares céntricos para hacerse escuchar.

No obstante, un grupo de pobladores hizo caso omiso a tal pedido, se salió de la referida vía y buscó un camino alterno para pasar por alto a la policía. Descubierto el hecho, se inició el enfrentamiento, que incluyó bombas lacrimógenas.

INTERVENIDOS

Félix Suasaca Suasaca, dirigente del Frente de defensa contra la contaminación del río Coata, así como Claudio García Choqueluque, representante del sector Chilla de la provincia de San Román, fueron detenidos tras los hechos hostiles.

De acuerdo a la policía, ambos se negaron a efectuar su medida de lucha de forma ordenada, tal como se acordó previamente. En consecuencia, fueron llevados a la comisaría sectorial. 

Por su parte, los dirigentes de los demás sectores señalaron que el distrito de Coata no acataba el distanciamiento social porque no se hizo ninguna coordinación. Horas después, debido a la presión que ejercieron, los dos detenidos fueron liberados.

ACUERDOS

Ante lo sucedido, las autoridades policiales buscaron un nuevo diálogo con los pobladores que se concentraron a la altura del colegio Comercio 32, de modo que su movilización continúe hasta el centro de la ciudad de Juliaca.

“Nosotros estamos con ustedes, porque la lucha es justa, y beneficia a todos los ciudadanos, pero sabemos que estamos en estado de emergencia, y solo queremos orden y que se cumplan con los protocolos; evitemos más contagios”, dijeron desde la PNP.

Finalmente, pobladores y policías, de forma ordenada, se dirigieron hasta la plaza de armas de Juliaca, a fin de buscar un diálogo con las autoridades locales, regionales y nacionales, ya que temen morir por la contaminación del agua.

Trabajó con Aduviri y Agustín Luque

El pasado 5 de noviembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) reveló que el ciudadano Edilberto Fidel Quihue Humpire, compró un kit de revocatoria en contra del gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña.

Cabe indicar que el comprador fue del entorno cercano al gobernador encarcelado Walter Aduviri Calisaya, a quien rendía cuentas de algunas actividades en 2019.

Además, se conoce que, de acuerdo a la Sunat y sus contratos con Foncodes, es un empresario dedicado a la confección de prendas de vestir.

Quihue Humpire, por otra parte, entre 2005 y 2010 fue militante y dirigente del partido Renacimiento Andino; luego, en 2018, se sumó a la campaña del entonces prófugo Walter Aduviri y liderada presencialmente por Luque Chayña.

En consecuencia, surgen dudas con respecto a su proceder, pues sale del anonimato sorpresivamente para emprender la revocatoria del gobernador provisional.

Reactivación del turismo local genera disputa entre asociaciones

La pandemia de la covid-19, que afectó sobremanera al sector turismo en el lago Titicaca, genera ahora enfrentamientos entre los pobladores de las islas Los Uros que se dedican a este rubro, especialmente tras la reactivación de sus actividades.

Los protagonistas del nuevo conflicto son la Asociación de Empresas Unificadas de Transporte Turismo Acuático (Aeuttal) y la Asociación de Taxistas Acuáticos de Los Uros, ambas dedicadas a llevar visitantes a los atractivos que alberga nuestra maravilla natural.

Según el representante de la última organización, Roberto Durán, constantemente se enfrentan con los miembros de la Aeuttal, quienes no les permiten trabajar.

No obstante, reconoció que sus pequeñas embarcaciones están en proceso de formalización para prestar el servicio de transporte, pero que, debido a la necesidad, tienen la urgencia de trabajar.

Asimismo, aclaró que la asociación rival no visita todas las islas de manera equitativa, y que solo lleva turistas a algunos sectores, dejando entrever que buscarían mantener el monopolio en el lago.

En respuesta, el secretario de la Aeuttal, Willy Pacompía, dijo que para volver a sus labores han tenido que implementar diversos protocolos, cosa que sus competidores no cumplen. Además, añadió, están volviendo después de 8 meses.

“En esta pandemia ha habido informalidad, han empezado a salir lanchas pequeñas, que no son de turismo, sino son lanchas de pesca; no sé quién les había autorizado a ellos, porque a nosotros nos exigen todo: matrícula, póliza, todo”, enfatizó.

Además, puntualizó que de las 190 embarcaciones de su asociación, solo una sale al mes, en tanto que las pequeñas embarcaciones informales salen todos los días, hasta cuatro veces.

“Hemos reclamado a la Capitanía del puerto muelle y nos dicen que ellos también tienen necesidad, pero no debe ser así; según las normas, para el transporte del turismo no se puede utilizar una lancha de 4 metros, debe ser una de 10 metros”, sostuvo.

Finalmente, señaló que las lanchas pequeñas llevan hasta 5 personas, lo cual es peligroso. Lo peor, agregó, es que abandonarían a los turistas en las islas cuando se presentan factores climatológicos adversos, como lluvias. 

Gobierno Regional habría ocultado real estudio de suelos y hoy consorcio pide nuevos adicionales

El proyecto de fortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno, continúa con un 0.05% de avance físico y 99.1% de avance financiero. Estas cifras corresponden a la ejecución del año fiscal 2020.

A propósito, el abogado Guino Romero señaló que el Gobierno Regional de Puno (GRP) ocultó deliberadamente el real estudio de suelos para beneficiar al Consorcio Hospitalario Manuel Núñez.

Asimismo, dijo que es evidente, en el lugar de la ejecución del proyecto, la presencia de napa freática a solo 80 centímetros de la superficie, cosa que no se contempla en el estudio de suelos. Esto supone, acotó, un sobrecosto superior a los 20 millones de soles.

Además, advirtió que el consorcio está solicitando la firma de una adenda que incluya mayores costos por bajos rendimientos, producto de la aplicación de los protocolos sanitarios para evitar el contagio de la covid-19. “Su oferta, posteriormente, subiría entre aproximadamente 15% a 20%, por conceptos de nuevos rendimientos”, vaticinó.

Luego agregó: “La obra estará paralizada por lo menos 5 meses, lo que demorará la elaboración del expediente técnico de la solución técnica y las modificaciones a la especialidad de estructuras”.

Finalmente, Romero manifestó que el consorcio está cobrando casi 100 millones de soles por adjudicarse la buena Pro de esta obra, pese a que presentó información falsa e inexacta, lo cual constituye un delito y deja notar graves irregularidades en el proceso de selección.