Orlando Fernández Sejje, presidente de la Central Única de Barrios y Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de la provincia de San Román, denunció al gerente de Seda Juliaca, Víctor Raúl Apaza Flores, por el presunto delito contra la administración pública.

En carta dirigida al Ministerio Público, Fernández Sejje explica sus motivos para tal acción. La denuncia, es preciso mencionar, alcanza también a Pablo Chirinos Orozco, gerente de administración de Seda Juliaca.

RAZONES

Se conoce que Apaza Flores designó a Antonio Chirinos en tal cargo pese que, según Resolución Ministerial Nº 308-2018-VIVIENDA, tal acción corresponde y es atribución exclusiva del directorio de la empresa, y no del gerente general.

Esto significa un posible delito de usurpación de función por parte del funcionario en cuestión, de acuerdo con el artículo 361° del Código Penal Sustantivo.

A esto se suma que el 24 de abril pasado, en una carta suscrita por estos dos personajes, dirigida a Caja Arequipa, ambos solicitan la transferencia a la Cuenta del BanBif por el importe de 300 mil soles, a nombre de la Seda Juliaca.

Finalmente, la denuncia detalla que Chirinos estaría alterando la verdad intencionalmente, usurpando el cargo de gerente de administración a Alberto Hernán Lanza Velázquez, con lo que sumaría un posible delito de falsedad genérica.

 El congresista Orlando Arapa Roque visitó Antauta, luego de recibir la información del hallazgo de truchas muertas en el río que cruza este distrito, el pasado 11 de mayo. El parlamentario anunció una profunda investigación de los hechos.

Durante la audiencia en la plaza distrital, Arapa Roque fue informado sobre las investigaciones que se están llevando a cabo en las instancias competentes, y sobre el informe técnico emitido por la Autoridad Nacional del Agua, que señala que el río cumple con los estándares de calidad ambiental. 

En tal sentido, el congresista ofreció hacer un seguimiento a las investigaciones en curso. “Construyamos y no destruyamos”, sentenció.

Los más de 9 mil operadores mineros de la región que esperan la reactivación económica de este sector, y que inicialmente fueron excluidos por el Gobierno Central, al fin tienen fecha para volver a trabajar.

En Puno, como se sabe, hay 3 mil 142 operadores mineros formales y 6 mil 700 operadores mineros en proceso de formalización, los cuales esperan la reactivación de este sector, tal como lo informó Saúl Cari Apaza, director regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Puno (GRP).

En este contexto , en la víspera, la Comisión de energía y minas del Congreso de la República, presidido por la congresista Yéssica Apaza, realizó una sesión virtual donde se tuvo como principal invitada a la ministra de este sector, Susana Vilca.

Esta última, en su intervención, manifestó que el sector de la pequeña minería y minería artesanal, debe tener un tratamiento extraordinario, considerando que es “sensible y especial”.

La ministra detalló que los mineros artesanales entrarán en una etapa de una evaluación exhaustiva y asimilarán protocolos de la gran minería; además, dijo que se viene reuniendo con los directores de minas de las regiones, pero no detalló los acuerdos a los que habría llegado con estos.

Finalmente, José Farfán Estrada, director general de formalización minera, manifestó que  en junio podrían iniciar sus actividades la pequeña minería y minería artesanal, debidamente formalizada, y que en julio podrían reanudar su actividades los operadores mineros en proceso de formalización.

El secretario general del Sutep regional Puno, Moisés Chipana, señaló que ayer emprendieron una medida de lucha virtual, desde las 8:00 horas, con la divulgación de videos, carteles, pancartas y pronunciamientos, mediante redes sociales.

Detalló que exigen al Gobierno Central que los efectos de la crisis sanitaria sean asumidos por las grandes empresas transnacionales, así como la condonación de los servicios básicos al pueblo, mientras dure el estado de emergencia por la covid-19.

Asimismo, reveló que desde las 14:00 horas, los maestros realizaron una transmisión en vivo detallando sus exigencias, y que entre las 18:00 y 19:00 horas realizaron un cacerolazo. Finalmente, dijo que el Minedu mostró predisposición para dialogar con los dirigentes de todas las bases regionales del país.

El jefe de la oficina de tecnología e informática de la comuna puneña, Alberth Mendizabal Flores, señaló que se dispuso la creación e implementación de la mesa de partes virtual, garantizando así la continuidad de la gestión institucional durante la emergencia sanitaria.

Detalló que esta instancia estará habilitada todos los días y a todo horario, para la presentación de documentos; en caso de los días no laborables o inhábiles, se tomará como fecha de presentación el primer día hábil siguiente y se generará una constancia de presentación que será remitida inmediatamente al correo electrónico señalado por el administrado.

Esta plataforma, aseguró, garantiza la conservación en soporte electrónico de los documentos presentados por el administrado, los mismos que serán contestados con la firma digital de cada gerente.

 El titular de la Dirección Regional de Agricultura de Puno, Alex Castillo Venegas, señaló que a través de su equipo técnico ha cumplido con la formulación de un plan de reactivación económica, el mismo que se encuentra listo para su ejecución.

Detalló que estos cinco proyectos serán implementados: la adquisición de tractores agrícolas y otras herramientas en beneficio del poblador rural, el desarrollo integral de los cultivos frutales en Sandia y Carabaya, la implementación de biohuertos, la crianza de animales menores, y la producción de la papa nativa en zonas altas. 

Finalmente, refirió que la reactivación económica involucra a las Agencias Agrarias de las trece provincias de la región, centros de producción y la zona rural de la región, donde se fomentará el empleo.

En la puerta principal de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, decenas de trabajadores del sector salud protestaron y exigieron el cambio de la máxima autoridad de esta institución, Jorge Alfredo Montesinos Espinoza, por presuntos actos irregularidades. 

Máximo Charaja señaló que los trabajadores de la Diresa se reunieron el último lunes y que el acuerdo que tomaron lo presentaron mediante un documento al gobernador regional Agustín Luque Chayña. La exigencia principal es el cambio del director por las muchas anomalías cometidas en su gestión.

Asimismo, indicó que están a la espera del pronunciamiento de la Gerencia Regional de Desarrollo sobre los pedidos que han realizado al gobierno regional. De igual modo, acotó que convocarán nuevamente a asamblea ampliada de trabajadores para el próximo lunes.

“En medio de esta pandemia, como trabajadores del sector salud, vemos una injusticia que se viene cometiendo en la Diresa”, sostuvo. Por su parte, Rosa Mendizabal refirió que son hostigados por algunos funcionarios que tienen cierto nivel de autoridad.

Finalmente, remarcó que no tienen garantías para alcanzar las denuncias al sindicato de trabajadores del sector Salud, ni a sus autoridades, debido a que nunca serán escuchados, por lo que esperan que, en la próxima asamblea, sus dirigentes expliquen las razones de su ausencia.

 De acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 057-2020, que dicta medidas complementarias para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los efectos del coronavirus (covid-19), se suspendieron varios procesos.

Por ejemplo, el proceso de presupuesto participativo durante el año fiscal 2020, regulado por la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.

La norma exceptúa a aquellos gobiernos regionales y gobiernos locales que tengan implementados mecanismos de tecnologías digitales que permitan la participación de la población, asegurando la contribución inclusiva y representativa de todas las organizaciones y ciudadanos.

De acuerdo al último comunicado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los promotores o interesados en la revocatoria de uno o más miembros de un concejo municipal o regional, pueden solicitar los kits correspondientes desde junio.

La revocatoria es igual a cualquier proceso electoral; el número mínimo de adherentes es del 25% del total de electores, según la circunscripción departamental, provincial y distrital.

El proceso de pedido de consulta popular se inicia con la adquisición del kit electoral en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); el promotor presentará la solicitud de convocatoria de consulta popular para su verificación, y cumplidos los demás requisitos de ley, remitirá el expediente al JNE para convocar a consulta popular.