De acuerdo al último comunicado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los promotores o interesados en la revocatoria de uno o más miembros de un concejo municipal o regional, pueden solicitar los kits correspondientes desde junio.

La revocatoria es igual a cualquier proceso electoral; el número mínimo de adherentes es del 25% del total de electores, según la circunscripción departamental, provincial y distrital.

El proceso de pedido de consulta popular se inicia con la adquisición del kit electoral en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); el promotor presentará la solicitud de convocatoria de consulta popular para su verificación, y cumplidos los demás requisitos de ley, remitirá el expediente al JNE para convocar a consulta popular.

La Contraloría General de la República detectó que las municipalidades de Lampa y Pucará no implementaron un sistema de control (Kardex) para verificar los ingresos y salidas de los productos utilizados para las canastas básicas familiares.

Según el Informe de Orientación de Oficio N°004-2020-OCI, el responsable de Almacén de la comuna de Pucará precisó que el registro de productos se realizó en hojas simples, expuesto a pérdidas o modificación, y que no había un formato establecido, generando con ello el riesgo de sustracción o apropiación de los bienes.

Asimismo, en la Municipalidad Provincial de Lampa no se implementó ni se dispuso el uso de kardex u otro documento donde se registre el control de almacenamiento respecto a los productos de primera necesidad que ingresaron al almacén, tal como se indica el Informe de Orientación de Oficio N°001-2020-OCI

Mientras tanto, en la municipalidad de Santa Lucía se entregaron canastas a 50 pobladores que no figuran en el padrón de beneficiarios. De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio N° 005-2020-OCI, no se acreditó la existencia de dicha documentación.

De igual modo, según el informe emitido por la Contraloría, los hechos advertidos fueron comunicados a los titulares de la entidad con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias.

Un grupo de padres de familia del colegio Villa Fátima exige el 50% de rebaja de las pensiones que pagan. Una madre señaló, sin embargo, que hasta ahora no han tenido respuesta por parte de los directivos de la institución.

Dijo que en el nivel de primaria se está pagando 240 soles mensuales, y en el de secundaria, 250. “La gran mayoría de los padres trabajan de manera independiente, por lo que no han generado ingresos durante la cuarentena; anteriormente solo les han rebajado el 20%”, reveló.

Finalmente, anunció que continuarán con el pedido hasta que haya un acuerdo y compromiso por parte de las autoridades de la institución. “Deben asumirlo como un acto de solidaridad con los padres”, remarcó.

El catedrático de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno, Eland Vera, señaló que, según el análisis de uno de sus colegas de la alta dirección de esta casa superior de estudios, un 50% de los docentes no tiene internet en su domicilio, 70% tiene laptop y PC desfasadas, y que solo un 10% de estudiantes tiene equipos adecuados. 

Mencionó además que muchos catedráticos que solo utilizan sus smartphone para comunicarse, y que no tienen conectividad, por lo que se sienten bastante limitados en la capacitación que reciben sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Remarcó, en otro momento, que la mayoría de docentes son mayores de edad, por lo que hay resistencia al cambio, al tiempo de indicar que gran cantidad de estudiantes tendrán dificultades con el acceso a las aulas virtuales.

Producto de esas limitaciones, acotó, el vicerrector académico ha pospuesto el inicio de las aulas virtuales. “Las autoridades tienen un desconocimiento de la situación académica universitaria”, expresó.

Además, sostuvo que los miembros de la comunidad universitaria, con esto de la emergencia nacional, no tienen capacidad de asimilar los nuevos retos. “Ponen en evidencia sus incapacidades, teniendo en cuenta que las aulas virtuales ya existían en estos últimos años”, mencionó.

Finalmente, refirió que el Ministerio de Economía y Finanzas ha transferido gran cantidad de presupuesto a los vicerrectores académicos para que implementen las aulas virtuales. “En otras universidades han apoyado a estudiantes con un bono para que dispongan de internet”, precisó.

SE PRONUNCIA

Por su parte, el vicerrector académico de la UNA, Rogelio Flores, acotó que un número reducido de estudiantes accede a internet, y que unos 300 catedráticos en promedio recién se adaptan al uso de las nuevas tecnologías.