La derogación de las denominadas leyes procrimen podría demorar hasta un año bajo el procedimiento ordinario establecido en el nuevo reglamento del Congreso bicameral. El tiempo estimado considera el recorrido completo del proyecto por las comisiones, el debate en ambas cámaras y los plazos administrativos previstos para su aprobación. No obstante, especialistas y legisladores coinciden en que la voluntad política será determinante para acelerar o retrasar el proceso.

La senadora electa por Ahora Nación, Mirtha Vásquez, explicó que el tiempo podría extenderse debido a que no se trata de una sola norma, sino de un conjunto de leyes que requerirán discusión individual o conjunta. Agregó que algunas iniciativas cuentan con mayor respaldo político, lo que podría generar un debate más prolongado.

El procedimiento legislativo

De acuerdo con el reglamento del Congreso bicameral, un diputado deberá presentar un proyecto para derogar las normas o solicitar el desarchivo de una iniciativa similar presentada en el periodo parlamentario anterior. La propuesta sería evaluada principalmente por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y, de ser necesario, también por la Comisión de Constitución.

Las comisiones de la Cámara de Diputados disponen de hasta 60 días hábiles para emitir un dictamen. Luego, este debe publicarse durante siete días calendario antes de ser debatido en el Pleno. Si recibe aprobación, el expediente pasa al Senado, donde las comisiones tienen hasta 90 días hábiles para elaborar un nuevo dictamen. Si ambas cámaras aprueban el mismo texto, la autógrafa se remite al Poder Ejecutivo.

El plazo dependerá del consenso político

La senadora electa Ruth Luque sostuvo que el tiempo de tramitación podría reducirse considerablemente si existe voluntad política. Explicó que, si el Ejecutivo solicita el trámite con carácter de urgencia o la Junta de Portavoces lo aprueba, el proceso podría completarse en un promedio de dos meses.

El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, coincidió en que el factor decisivo será el interés de las bancadas. Recordó que existen proyectos que han sido aprobados en pocas horas, mientras otros permanecen sin debate durante largos periodos. Además, señaló que el nuevo Congreso bicameral incorpora mecanismos como el silencio parlamentario y la conferencia entre ambas cámaras para resolver discrepancias durante la tramitación de las iniciativas.

El presidente José Balcázar presentó una aclaración al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respecto a la solicitud vinculada a su pensión tras concluir su mandato. En el documento, explicó que su pretensión consiste en la restitución y nivelación de la pensión que le corresponde como magistrado cesante del Poder Judicial, acogido al régimen del Decreto Ley N.° 20530. Precisó que el monto debe recalcularse tomando como referencia la remuneración que actualmente reciben los congresistas, por tratarse del último cargo público que desempeñó antes de asumir la Presidencia de la República.

Aclara el alcance de su solicitud

En el oficio remitido al Congreso, Balcázar señaló que busca evitar interpretaciones erróneas sobre su pedido. Indicó que dejó de percibir su pensión como magistrado en 2021 al asumir funciones como congresista, debido a la incompatibilidad legal de recibir simultáneamente dos ingresos provenientes del Estado.

El mandatario sostuvo que, una vez concluido ese cargo, corresponde restituir y nivelar la pensión de cesantía. En el documento señala que su derecho debe ser recalculado tomando como referencia el salario vigente de los parlamentarios.

Como parte del trámite, adjuntó copia de su Documento Nacional de Identidad, la resolución que acredita su condición de magistrado cesante bajo el Decreto Ley N.° 20530 y su credencial como congresista de la República.

También solicitó una pensión vitalicia

Además de la aclaración presentada, Balcázar había solicitado acceder a la pensión vitalicia prevista para expresidentes de la República por las funciones desempeñadas desde febrero de 2026.

Entre los argumentos expuestos, mencionó el caso del expresidente Valentín Paniagua, quien recibió este beneficio al amparo de la Ley N.° 26519, norma que regula el otorgamiento de pensiones vitalicias a los exmandatarios al finalizar su gestión.

En la misma documentación, el jefe de Estado también solicitó la suspensión provisional de la pensión que le corresponde bajo el régimen pensionario como exmagistrado del Poder Judicial, mientras se resuelve el trámite relacionado con su situación previsional.