En la interna de esta unidad ejecutora encargada de las necropsias y muestras a través de investigaciones forenses se vive un clima tenso. Documentos falsos, quejas, memoriales, pruebas perdidas dan cuenta de una situación grave.
Escribe: Javier Calderón
Literalmente, el Instituto de Medicina Legal en la región Puno, anda “patas arriba”. Investigaciones fiscales, documentos falsos, memoriales y quejas a diario, son insumos de un clima organizacional tenso. Más que eso, a partir del comportamiento de algunos trabajadores de esta unidad ejecutora, la idoneidad de sus labores ahora mismo se encuentra bajo la lupa.
Para fines de esta publicación, Diario Los Andes, hace más de una semana se reunió con el jefe de la Unidad Médico Legal II (UML II) Puno, Edward Mena Contreras. La finalidad era lograr una entrevista con el referido funcionario, a raíz de documentos donde se evidencian situaciones ligadas, por decirlo menos, inclusive a delitos. El funcionario se excusó indicando que debía tener una autorización para declarar. Sin embargo, transcurridos los días, comunicó que la “luz verde” todavía no había sido activada.
Asimismo, a través del área de Imagen Institucional del Ministerio Público, distrito fiscal Puno, se buscó una entrevista con la presidenta de la Junta de Fiscales, Judith Contreras Vargas. Por encargo de la titular de esta entidad, se nos comunicó que las investigaciones están en curso y un fiscal investiga los casos que han sido denunciados durante el año 2024 y que ahora se pasa a detallar.
HACIENDO TRAMPA
El 12 de diciembre de 2024, el jefe de la UML II Puno, Edward Mena Contreras, remite el oficio N° 006918-2024 a William Otazú Pinto, responsable de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, con el siguiente tenor: “Informo sobre irregularidades en presunto cobro de remuneraciones en agravio del Estado por parte de algunos servidores que laboran en la unidad de médicos legales del distrito fiscal Puno”.
Documentos a los que tuvo acceso este diario, dan indicios de una situación más grave.
Veamos. Hugo Anselmo Masco Borda, es un asistente médico legal de la UML II Puno, para ocupar este cargo, presentó un título profesional de técnico en Laboratorio Clínico.
Al consultar sobre el registro de este documento, la Dirección Regional de Educación (DRE) Puno, manifiesta que previa verificación en el Registro de Títulos Tecnológicos, se comprobó que el título en realidad corresponde a Prótesis Dental. Por supuesto no es el único caso. Elena Rosa Quispe Ramos, parece también haberle “sacado la vuelta” a la Ley, para enrolarse como asistente médico legal en la UML II Puno.
En su legajo figura un título de profesional técnico en Enfermería egresada del Instituto Superior Tecnológico “Amauta” de Puno, sin embargo en los archivos de la DRE no figura el registro. El número de inscripción y expedición en realidad le pertenece a Brígida Quispe Rojas, una joven egresada de un instituto de Juliaca.
Otro caso que ciertamente merece escrutar minuciosamente es el de Lidia Erminia Caillahua Huarachi, técnico necropsiador en la UML II Puno. En su legajo institucional figura un título de técnico en Enfermería con un número de registro en la DRE. Empero, durante la verificación de expedición e inscripción de Registro de Títulos Tecnológicos de la DRE, el número de registro le corresponde en realidad a Lidia Cáceres Cruz. Se advierte que, la citada “profesional”, ganó una plaza, sin contar con los requisitos mínimos para ocupar el cargo.
Otro caso similar es el de Milton Ulises Barrios Jahuira, quien viene trabajando como técnico necropsiador en la Unidad Médico Legal I El Collao – Ilave. Lo mismo, en su legajo figura un título de técnico en Enfermería debi – damente registrado en la DRE. En este caso la entidad advierte que existe una modificación en la fecha de inscripción del título, el cual en realidad ha sido expedido el 2008 y no en el 2006. Barrios Jahuira parece ser que no tuvo mejor idea que, extender “a la mala” su experiencia laboral para acceder al cargo, pero pasando “corrector” a su legajo. Sergio Yucra Coaquira también figura en la lista de “vivos”. Él es técnico necropsiador en la Unidad Médico Legal I Azángaro. En su legajo figura un título de profesional Técnico en Laboratorio Clínico; pero en los registros de la DRE el número le corresponde a Luz Delia Ticona Mamani.
El caso de Nancy Ramos Choque, es por decirlo menos, anecdótico. Ella labora como técnico necropsiador en la Unidad Médico Legal I San Pedro de Moho. Para ocupar el cargo, presentó su título profesional de obstetriz, pese a que los requisitos para ocupar el cargo requieren de un técnico en Enfermería o Laboratorio Clínico.
En la Unidad Médico Legal I de Juliaca, llama la atención el caso de dos trabajadores. Uno de ellos es Raúl Juarez Ticona. En su legajo personal no existe documento alguno que acredite su condición de profesional para ejercer funciones como técnico necropsiador.
El caso de Fredy Paredes Calvo es similar. No tiene documentos que lo amparen para cumplir con dicha labor, pero adquirió la condición de nombrado en el año 2015. La situación de este trabajador se ve complicada, pues, como lo dio a conocer en una anterior edición Diario Los Andes, Paredes Calvo está involucrado en un confuso incidente que ha obligado a una fiscal, requerir la exhumación de un cadáver para tener la certeza de un diagnóstico, a raíz de la “desaparición” de pruebas, aunque al interior del Instituto de Medicina Legal ahora se hable de “confusión”.
RECLAMOS
Los resultados de todo cuanto le compete a Medicina Legal, tendría que tener un mejor soporte, pero, la situación es otra.
El fuego cruzado es una constante. En agosto de 2024, Jorge Antonio Núñez Añari, médico forense de la UML II Puno remitió un informe ante la Fiscalía de la Nación, cuestionando la labor del actual jefe de esta institución, Edward Mena Contreras. Entre otras cosas advierte que el funcionario en cuestión no cumple con sus funciones, acusándolo de no nacer la entrega total de los protocolos de necropsia correspondiente a los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El aludido asegura, en cambio, que sí ha cumplido y que este tipo de quejas son una constante en la interna.
Dato.
La garantía de tener diagnósticos certeros inclusive ha sido puesta en duda a raíz de la pérdida o confusión de las pruebas a un cadáver, situación que ha obligado al Ministerio Público ordenar la exhumación de un cadáver en Atuncolla.
Cifra.
12 De diciembre de 2024 se da cuenta de presuntos cobros indebidos por parte de algunos trabajadores cuya idoneidad ha sido puesta en duda a raíz de documentos sospechosos.
