La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura informó que la región acumula 13 muertes maternas en lo que va del 2026. El reporte epidemiológico confirma que la mayoría de los casos se produjeron en mujeres jóvenes y en la etapa de puerperio.

Causas y etapas de riesgo

Del total de fallecimientos, ocho corresponden a muertes directas por complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto o postparto. Cinco casos fueron indirectos, vinculados a enfermedades preexistentes que se agravaron con la gestación. El puerperio concentra siete muertes (54%), seguido de cuatro durante el embarazo (31%) y una en el parto (7%).

Perfil de las víctimas

El informe revela que diez de las trece mujeres fallecidas tenían entre 18 y 29 años, lo que representa el 77% de los casos. También se registró una muerte en una adolescente de entre 12 y 17 años y dos en adultas de 30 a 49 años. La distribución geográfica muestra que las subregiones Luciano Castillo Colona, Piura-Sechura y Morropón-Huancabamba concentran la mayoría de los casos, tanto por procedencia como por ocurrencia.

Las autoridades sanitarias advierten que la mortalidad materna sigue siendo un desafío en la región. La etapa postparto continúa siendo la más crítica, lo que evidencia la necesidad de reforzar la atención médica y el seguimiento a las madres después del parto. El reporte busca sensibilizar sobre la importancia de fortalecer los servicios de salud materna y garantizar un acceso oportuno a controles y tratamientos, especialmente en las zonas rurales de Piura.

Desde las 00:00 horas del lunes 31 de agosto, la provincia de Huanta acata un paro seco convocado por el Frente de Defensa del Pueblo y organizaciones afiliadas. La jornada, anunciada inicialmente por tres días, responde al incremento del precio de los combustibles, la inseguridad y las extorsiones que afectan principalmente a transportistas.

Durante las primeras horas, se reportó la paralización de las principales actividades económicas y comerciales. El transporte quedó suspendido, sin ingreso ni salida de vehículos de la ciudad. Los mercados y establecimientos permanecieron cerrados, mientras diversas instituciones públicas no desarrollaron sus labores habituales.

Impacto en la población

En el sector educativo, las instituciones de Huanta trasladaron sus actividades a la modalidad virtual. Los dirigentes reconocieron que la paralización genera perjuicios para transportistas, comerciantes, emprendedores y trabajadores, pero insistieron en que se trata de una medida necesaria para exigir atención de las autoridades.

Entre las demandas figuran acciones concretas contra la inseguridad y las extorsiones, además de medidas frente al incremento del costo de vida y presuntos casos de corrupción en instituciones públicas.

Exigencias a las autoridades

Los organizadores señalaron que el paro busca llamar la atención de los gobiernos nacional, regional y local. La población reclama respuestas inmediatas y efectivas frente a los problemas que afectan la provincia.

La paralización en Huanta refleja el descontento social y la presión ciudadana por soluciones frente a la inseguridad y la crisis económica, en un contexto de creciente malestar en la región Ayacucho.

Huancayo registró 209 casos de violencia escolar entre enero y agosto de 2026, según datos presentados durante la intervención multisectorial del Ministerio de Educación. En 2024 y 2025 se reportaron 324 casos en cada año, lo que evidencia que el problema persiste en la región.

El director de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Luis Alberto Quintanilla, señaló que la prevención debe comenzar en el hogar y continuar en las escuelas. “Los estudiantes piden que papá y mamá estén presentes”, afirmó, al remarcar la importancia de recuperar espacios de diálogo familiar.

Brecha de profesionales

La especialista de Convivencia Escolar de la Dirección Regional de Educación Junín, Karin Valentín Vicente, advirtió que los colegios no cuentan con suficientes psicólogos. Explicó que la diferencia salarial frente a otras ramas de la profesión desincentiva la incorporación de especialistas.

Actualmente, los equipos de convivencia escolar atienden a 102 colegios, pero un psicólogo puede estar asignado hasta a cuatro instituciones. Además, no se cumple de manera general la Ley N.° 29719, que establece la presencia de un especialista por cada institución educativa.

Rol de los padres

Valentín también cuestionó la escasa participación de los padres en las acciones preventivas. Como ejemplo, relató que en una escuela de padres convocada para 200 personas apenas asistieron 12.

El Minedu y la DRE Junín coincidieron en que la violencia escolar no puede enfrentarse solo desde las aulas. La falta de profesionales especializados y el desinterés de las familias constituyen dos grandes brechas que limitan la prevención y atención de los casos.