ENTRE LÍNEAS
Escribe: Carlos Peña Julca
Como si no fuera suficiente con la perpetración de tropelías, daño a la democracia y destrucción, que representa la Contrareforma electoral autoritaria, y la crisis de régimen en curso, el Legislativo dispuso garantizar la impunidad de quienes cometieron graves delitos de lesa humanidad, con lo que retrocedemos a los momentos más pérfidos de la dictadura en los que el Congreso aprobó una amnistía general que favoreció al siniestro destacamento Colina.
El desgobierno es la agenda diaria en el país en el que no tenemos ministros ni autoridades competentes (raras excepciones) sino meros parlantes humanos, acostumbrados a inaugurar obras inconclusas o que nunca terminan funcionando.
El modelo neoliberal está en crisis y en descomposición; sus gestores son una pandilla de delincuentes y ultrarreaccionarios que para mantenerse necesitan mayores dosis de corrupción y autoritarismo. No les basta hoy la espuria Constitución de 1993, impuesta por el golpe y el fraude que llevó a cabo el fujimontesinismo, y que representó un giro a la derecha respecto a la de 1979; necesitan modificarla, convertirla en más reaccionaria, más entreguista, más antidemocrática, en una herramienta que legalice el fraude, la permanencia e impunidad de ese amasijo capitaneado por el fujimorismo, que se ha instalado en el Ejecutivo y el Congreso y que extiende sus tentáculos en todas las instituciones del Estado. Que las 53 reformas a la Constitución se hayan llevado a cabo por un Congreso que apenas cuenta con el respaldo del 6 % de la población, revela la ilegitimidad de la medida y que este andamiaje no tendrá vida duradera.
Como dice Manuel Guerra, si la arremetida corrupta y reaccionaria ha llegado a este nivel, se explica porque no tiene al frente una oposición capaz de contenerla y derrotarla. Las fuerzas políticas que, desde diversos ángulos, deberían estar jugando un papel protagónico en esta lucha, parece que no están viendo el mapa completo y se dejan atrapar por los escandaletes de coyuntura, por los cálculos electorales, los intereses particulares. El movimiento popular, asimismo, se encuentra en una fase de repliegue, después que las protestas que siguieron a la vacancia de Castillo fueran aplastadas a sangre y fuego, con más de 60 muertos de por medio.
Pero se equivocan quienes piensan que las cosas van a permanecer así por un tiempo indefinido. Se está echando leña al fuego, el caldero está cada vez más caliente y más temprano que tarde, va a estallar. La crisis política de coyuntura se desarrolla en un contexto de crisis integral del modelo y Estado neoliberales. Por eso la consigna de que se vayan todos, el adelanto de elecciones o la caída del gobierno de Dina Boluarte, resulta insuficiente si no va articulada a resolver el problema mayor, es decir la crisis del modelo y el Estado neoliberales, que es a final de cuentas la causa que da origen a las continuas crisis de coyuntura que afecta a los gobiernos de turno.
En una situación de caos, como la que vivimos actualmente, la derecha trabaja y está en proceso de llevar a cabo una salida autoritaria y fascistoide. Estos afanes solo pueden ser derrotados en la medida que se construya una correlación de fuerzas democráticas, populares, de izquierda y progresistas que actúen en los escenarios políticos, sociales, culturales y de lucha de ideas. La salida democrática y popular a la crisis necesita no solo un gobierno que resuelva los problemas de coyuntura, sino también abrir camino a la refundación de la República sobre la base de una nueva Constitución, cerrando el ciclo neoliberal y corrupto que se impuso a partir de los 90.
La izquierda, el progresismo y el movimiento popular deben colocarse a la cabeza de este proceso, sin perder la independencia política, ni arriar las banderas antineoliberales. ¡Otro país es posible, unidos podemos lograrlo!
