En el distrito de Atico, en la provincia arequipeña de Caravelí, se libra una guerra silenciosa que recuerda con inquietante similitud a la tragedia ocurrida en Pataz (La Libertad), donde 13 personas fueron asesinadas por conflictos mineros en 2023. Al sur del país, la disputa por terrenos auríferos ha dejado ya 14 muertos, decenas de heridos, un estado de emergencia y una serie de denuncias por crimen organizado que podrían convertir esta zona en el “nuevo Pataz”.
ORÍGENES
El conflicto se remonta a diciembre de 2016, cuando la empresa Intigold Mining S.A., titular de concesiones en Atico, permitió que la asociación de mineros artesanales Calpa Renace operara en sus terrenos a cambio del 20 % de la producción. Sin embargo, este acuerdo nunca fue formalizado.
Al poco tiempo, la empresa denunció a los mineros por usurpación, mientras que estos aseguraban haber sido engañados. En 2020, Intigold intentó subir la regalía al 40 %, lo que fue rechazado. En respuesta, Atico Calpa, una nueva asociación rival, apareció como aliada de la empresa, desatando el primer gran enfrentamiento: dos muertos, varios heridos y el inicio de una escalada que tendría su punto más sangriento en 2022.
MATANZA
El 1 y 2 de junio de 2022, en la zona conocida como “Compostela A, la Explanada”, se produjo un ataque armado con fusiles y ejecuciones a quemarropa entre mineros de Calpa Renace y Atico Calpa. El resultado: 14 personas asesinadas, algunas enterradas en fosas improvisadas. Las víctimas, muchas desarmadas, mostraban signos de tortura.
La Fiscalía de Crimen Organizado detuvo a 31 personas e incautó armas y municiones. Días después, el Gobierno declaró el estado de emergencia en Atico y Caravelí, desplegando militares. Pero el conflicto continuó. El 28 de junio, Calpa Renace denunció que sus socavones fueron atacados con gases tóxicos, dejando a 20 mineros intoxicados. Se acusó a Intigold y a Atico Calpa de atentado.
ARMAS Y CRIMEN
Lo que parecía un enfrentamiento entre mineros artesanales pronto se reveló como un conflicto alimentado por redes criminales y presunta complicidad policial. El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, fue acusado de integrar una red vinculada a la minería informal en el sur. Testigos aseguraron que recibió pagos en oro y efectivo para dejar operar a ilegales y que simulaba emergencias para justificar la intervención policial.
Aunque Zanabria negó los cargos, su nombre figura en las investigaciones fiscales y testimonios de colaboradores eficaces. Por otro lado, la organización criminal ’Los Intis’ fue identificada como proveedora de armas ilegales para ambos grupos mineros.
Cuatro de sus presuntos integrantes fueron capturados recientemente en una operación en Lima, Chala, Atico y Caravelí. Desde 2020, esta red habría suministrado de armas a Calpa Renace y Atico Calpa, alimentando la violencia en la zona. En los enfrentamientos más cruentos, como el de junio de 2022 en el cerro Huanaquita, se usaron fusiles y armamento militar.
Se identificó la presencia de un grupo armado informal llamado ‘Los Angelitos’, contratados para desalojar a la fuerza a los mineros rivales. El 29 de mayo de 2025, mineros habrían bloqueado la única vía de acceso al centro poblado de Atico, desatando enfrentamientos y reavivando el conflicto en la zona.
