Escribe: Carlos Peña Julca
Luego de dos semanas el incremento de las lluvias, crecida de los ríos y deslizamientos han ocasionado estragos al menos en 13 regiones del norte, el centro y sur del país. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (CENEPRED) estima que hay más de un millón de peruanos en riesgo “alto” y “muy alto” ante la ocurrencia de estos fenómenos. Particularmente en la región Arequipa, siete de sus provincias deben ser declaradas en emergencia por los embates de la naturaleza debido a que no se ha trabajado en prevención a pesar de saber que todos los años sucede lo mismo. Pero, ojo, el CENEPRED ha demostrado una mediocridad a toda vista y paciencia, con gran cantidad de personal, infraestructura y presupuesto, y cada año los mismos eventos naturales en los mismos lugares les “sorprenden”. Esto demuestra un incapacidad institucional.
La capacidad de las autoridades para ejecutar los gastos en prevención -y que hubieran ayudado a amortiguar el impacto de los desastres- no ha sido óptima. Los tres niveles de gobierno (Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades locales) invirtieron poco más del 67 % del presupuesto disponible para prevenir desastres naturales. Es decir, hasta finales de diciembre no se trabajó a conciencia en la prevención a pesar de existir informes que señalaban la ocurrencia de los mismos. La prevención se refiere a la aplicación de medidas para evitar que un evento se convierta en un desastre.
Daños a la agricultura, pistas destrozadas, puentes caídos y un sinnúmero de damnificados hasta el momento es el saldo que se tiene y las justificaciones de algunas autoridades que manifiestan, en el caso del puente caído, que la base del puente se ha socavado y que se tiene que evaluar a otros puentes. Claro que ese puente se cayó por incapacidad de los profesionales encargados de evaluar los suelos, la hidrología y la ingeniería de estructuras. A esto habría que añadir que las empresas corruptas priorizan ganar más en desmedro de menores gastos de estudios e inversión en las infraestructuras. So pretexto de una economía de libre mercado, pero en realidad es un libertinaje perverso.
Pero ¿por qué las regiones o municipios tardan para afrontar los eventos naturales? Podríamos decir que uno de los problemas radica en las limitadas capacidades de operación de las autoridades subnacionales, quienes, pese a que cumplieron dos años en el cargo, carecen de personal calificado en gestión de riesgos. A esto se añade temas de largo plazo como la ausencia de planes de ordenamiento territorial o el clima de inestabilidad política que se vive. El sentido de urgencia es bastante retardado porque no miramos el ciclo anual del clima. Solo cuando tenemos el problema encima actuamos para poder resolver la emergencia, no hay perspectiva. Tampoco hay articulación entre los tres niveles de gobierno porque no se han definido las competencias que corresponden a un proceso de reconstrucción.
Leyendo opiniones de especialistas, algunos manifiestan que el gobierno central tiene que modificar el calendario de ejecución presupuestal y dejar de tener ese período ‘muerto’ entre enero y marzo, donde ninguno de los tres niveles de gobierno dispone de grandes montos para invertir. Y por otro lado la pobreza puede ser una fuente de vulnerabilidad, ya que las personas en situación de pobreza suelen tener menos recursos y redes de seguridad para enfrentar eventos inesperados, como desastres naturales o cambios económicos. La falta de recursos económicos puede hacer que las personas sean más susceptibles a los impactos. negativos y tengan dificultades para recuperarse de esos impactos. Un nuevo Perú es posible, unidos podemos lograrlo
