Mediante un comunicado, la Contraloría General de la República (CGR) manifestó su preocupación y rechazo a una disposición del proyecto de ley que pretende recortar la capacidad operativa del ente fiscalizador, generando el riesgo de que las actuales y nuevas inversiones no cuenten con el control adecuado, lo que podría impedir la identificación de irregularidades y la emisión de alertas necesarias para prevenir casos de corrupción.
La Contraloría sostiene que la novena disposición complementaria modificatoria afecta su autonomía, al condicionar presupuestalmente las atribuciones constitucionales del control.
“Se tendrá un impacto negativo inmediato que significará el desmantelamiento de los Órganos de Control Institucional (OCI) y el despido de miles de auditores a partir de enero de 2025.
Recientemente, la CGR dispuso que, por primera vez en la historia del país, más de 690 OCI dejarán de depender administrativamente del Poder Ejecutivo, fortaleciendo así la autonomía del control, señala el comunicado.
