Entre el 8 y el 11 de agosto, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se embarcó en una confrontación abierta contra el jefe de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Juan Ramón Arrisueño, a quien acusó de direccionar el proceso del puerto de Corío y favorecer a empresas sin experiencia, llegando incluso a exigir su renuncia.
Sin embargo, esos mismos cuestionamientos: posibles direccionamientos y adjudicaciones a compañías sin respaldo técnico, se han repetido en su propia gestión, aunque en esos casos el gobernador nunca reconoció responsabilidad alguna y más bien descalificó a los consejeros que lo denunciaban.
EL ESCÁNDALO
El 8 de agosto, la APN otorgó la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria al consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. y Beton Terra Ingenieros S.A.C., para el desarrollo del Terminal Portuario de Corío, ubicado en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, por un plazo de 3 años.
La medida generó un inmediato rechazo por el gobernador, por parte de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (AGNR), que cuestionó la viabilidad de la concesión y la falta de transparencia en el proceso. El mismo 11 de agosto, Sánchez inició entrevistas con diversos medios de comunicación y recibió el respaldo de los gobernadores regionales integrantes de la Macrorregión Sur, quienes coincidieron en la necesidad de revisar el procedimiento.
Ese mismo día, el gobernador comenzó su gira a medios nacionales, explicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) le otorgó un plazo hasta las 11:00 a.m. para revocar la autorización otorgada a Juan Ramón Arrisueño, presidente de la APN, como si tuviera poder en el Ejecutivo.
Según Sánchez, la medida del MTC responde no solo a su solicitud, sino también a la presión de la AGNR, que objetó el proceso de licitación por considerar que favorecía a un consorcio sin experiencia portuaria y generaba un posible conflicto de intereses
DENUNCIAS
Sánchez fundamentó su denuncia en tres puntos: incumplimiento de acuerdos previos, conflicto de intereses del presidente de la APN, Juan Ramón Arrisueño, y la falta de experiencia del consorcio integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción S.A.C. (2022) y Beton Terra Ingenieros S.A.C. (2017), cuya actividad se centra en construcción de edificios y no en habilitación portuaria.
Según el gobernador, estas empresas no acreditan experiencia ni recursos suficientes y advirtió que, de mantenerse la resolución, podrían “vender la licencia a nivel internacional”, lo que no se ajusta a los intereses regionales ni nacionales.
DOBLE DISCURSO
Las declaraciones de Sánchez ge neraron polémica, pues tan solo el 25 de julio criticó duramente al consejero César Huamantuma, quien lo denunció por presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias. La denuncia está vinculada al pretendido traslado de la nueva sede del IREN Sur a Umapalca, distrito de Sabandía, tras una supuesta conversación entre Sánchez y Jaime Mujica. Sobre Huamantuma, el gobernador señaló: “Es un adicto al escándalo y a la mentira”.
Sánchez defendió su actuación asegurando que dialogar para articular intervenciones en beneficio del desarrollo de Arequipa “no es ninguna negociación”. En su momento, Huamantuma rechazó los calificativos y recordó que esa denuncia ya fue derivada a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción.
Huamantuma criticó al gobernador por su actuación en el caso del Puerto Corío, señalando que envió denuncias y cuestionamientos contra la APN sin contar con información técnica ni documentación que sustente su posición Según Huamantuma, el gobernador se centró en descalificar a la empresa adjudicada y al presidente del directorio de la APN, ignorando que esta depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Destacó que la gestión regional no recibió los informes necesarios para emitir pronunciamientos y que la falta de transparencia genera dudas sobre a quién se protege: si los intereses de Arequipa o de otras empresas. DIMICA C.A. Recordó también que lo mismo que acusó el gobernador al proceso de la APN ha sucedido en su gestión, pues en 2024 se otorgaron dos contratos millonarios a consorcios que incluían a una empresa que debía sostener las obras, pero que no contaba con experiencia.
Se trata de la empresa Inversiones Dimica C.A., de origen venezolano, que participó en los consorcios Scorpión y LTR para ejecutar las vías Huambo-Majes (S/ 178 millones 213 mil) y Jachaña-Cayarani (S/ 86 millones 164 mil). Investigaciones del Consejo Regional de Arequipa (CRA) evidenciaron que Dimica C.A. no contaba con antecedentes sólidos en proyectos similares y presentó contratos que no culminaron, mientras que su supuesto representante legal negó tener vínculos con la compañía.
La comisión del CRA detectó omisiones en la revisión de documentos y posibles negligencias o colusión de los miembros del comité de selección. No se verificó la experiencia ni los antecedentes de Dimica C.A., lo que puso en riesgo la ejecución de proyectos millonarios. Se recomendó remitir el caso a la Contraloría y a la Fiscalía. Al respecto, el gobernador, mutis.
PATRULLEROS
Otro caso es el que se registró en 2023, cuando se reportó un presunto caso de direccionamiento en la compra de patrulleros para la Policía Nacional del Perú por parte del GRA. La adquisición involucró 25 camionetas Chevrolet Colorado LP por más de S/ 6 millones. Cada unidad hubiese costado unos S/ 245 mil, un precio superior en más del 50 % al valor regular de mercado (S/ 88,512 según concesionarios oficiales).
El proceso comenzó el 14 de agosto de ese año, con coordinación previa con la PNP, y la primera licitación se declaró desierta. En la segunda convocatoria, el 10 de octubre, el comité de selección otorgó la buena pro al Consorcio Virgencita de Chapi, integrado por A&T SAC, AJV EIRL y Cárdenas SAC.
Sin embargo, al verificar los vehículos el 7 de noviembre, fiscalizadores constataron que al menos 17 camionetas ya estaban pintadas y con logos de la PNP en talleres de Cerro Colorado y Mariano Melgar, antes de culminar el plazo de presentación de documentos del contrato, que era de 10 días.
La Fiscalía Anticorrupción intervino la sede regional, mientras gestión increíblemente negó cualquier responsabilidad. Ahora el gobernador sale a predicar algo que no ejecuta en su gestión. Ironías de la vida.
