Puno. La Contraloría General identificó un perjuicio económico por US$ 208,952.64 en contra de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán, ubicada en nuestro departamento, en el marco del proceso de compra de dos turbinas Pelton para la central hidroeléctrica San Gabán II. Asimismo, identificó la presunta responsabilidad administrativa y penal en 6 funcionarios o servidores de la entidad.
Las observaciones se encuentran detalladas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 281-2018-CG/COREPU-AC, el cual fue remitido al Órgano Instructor competente y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para el inicio del procedimiento sancionador y acciones legales, respectivamente, respecto a los funcionarios y servidores comprendidos en el documento.
Entre las observaciones realizadas se considera el otorgamiento de la buena pro, adicionales y ampliaciones de plazo que no correspondían, así como la inaplicación de penalidades en la adquisición de dos rodetes Pelton, afectando los intereses del Estado, ocasionando un perjuicio económico de US$ 208,952.64.
Según las investigaciones, se habría determinado que el comité especial otorgó la buena pro a un consorcio cuya propuesta no cumplía con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases de proceso, asignándole un puntaje mayor al acreditado en su propuesta.
Asimismo, la Gerencia General, Asesoría Legal y Gerencia de Producción (administrador del contrato), inobservaron los requisitos y procedimientos para la aprobación de adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo, suscribiendo de común acuerdo con el consorcio adendas sin contar con el sustento necesario.
Del mismo modo, el consorcio no cumplió con la entrega de la totalidad de los suministros contratados en el plazo estipulado, omitiéndose con ello la aplicación de penalidad por mora que asciende a US$ 48,952.64; por otro lado, la empresa no observó el incumplimiento del Rendimiento medio Ponderado Garantizado por el consorcio, no considerando la aplicación de otra penalidad por US$ 160,000.00.
En ese marco, la Contraloría recomendó disponer al titular, a los comités de selección y a las unidades orgánicas de la empresa que establezcan mecanismos para la revisión y validación de expedientes de contratación y bases de procedimientos de selección, con la finalidad de cautelar que estas contengan las condiciones y requisitos establecidos en la normativa de contrataciones.
