El caos vehicular en Arequipa sigue siendo un problema sin solución. El alcalde en dos años no ha podido resolver el principal problema de la ciudad. El especialista Elvis Jump analiza este problema.
Escribe: Jeamilett Chirinos Bernal
A dos años de la gestión del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, el Sistema Integrado de Transportes (SIT) sigue siendo una promesa incumplida. La falta de avances significativos ha perpetuado el caos vehicular y las dificultades de movilidad en la ciudad.
Para analizar esta situación, entrevistamos a Elvis Jump, especialista en urbanismo y transportes, quien aborda las razones de este estancamiento, las consecuencias para la ciudad y las posibles soluciones para retomar el rumbo de este importante proyecto.
- Según su percepción, ¿qué factores considera que han contribuido a este poco avance en el SIT (Sistema Integrado de Transportes)?
Pues yo puedo decir que esto se puede caracterizar porque, primero, no se ha licitado la segunda troncal, que es responsabilidad de la municipalidad. No se ha licitado el ente recaudador, o sea, la empresa o entidad que se encargará de cobrar el pasaje.
Tampoco se han construido todos los paraderos de la troncal ni se ha equipado toda la troncal con señalización y lo necesario para la operación. Además, no se ha dado mantenimiento a las redes principales donde circularán las líneas auxiliares, alimentadoras o estructurales.
- ¿Y por el lado de los transportistas…?
No han renovado flotas ni han transferido todos los buses a ser propiedad de las empresas. Estos siguen siendo propiedad individual de los socios de las empresas cuando ya deberían ser parte de los activos de las mismas.
En resumen, no hay una operación empresarial adecuada por parte de los operadores, y por el lado de la municipalidad, no se han cumplido las condiciones necesarias para que el sistema opere.
A esto se suma que no se ha activado el arbitraje contemplado en el contrato de concesión. Solo se ha llevado a cabo la etapa de componedor, pero no se ha avanzado más.
Si ambas partes están de acuerdo, deberían iniciar un arbitraje para resolver las controversias y poder implementar el SIT.
- ¿Cómo afecta todo esto, esta falta de compromiso tanto del alcalde como de los concesionarios, a los usuarios del transporte?
De manera muy grave afecta a los sectores más pobres de la ciudad. Las rutas que actualmente están operando no llegan a las nuevas urbanizaciones ni a las zonas donde se han asentado personas con menores ingresos. Esto genera exclusión social.
- ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, hay niños y personas mayores que tienen que caminar entre medio kilómetro y un kilómetro para encontrar un bus, porque este no llega hasta donde viven. En otros casos, los buses que llegan no son los grandes que cobran un sol, sino las llamadas “loncheritas”, que cobran entre dos y tres soles.
Esto significa que un poblador de bajos recursos tiene que pagar tres veces más que alguien que vive en Cerro Colorado o Paucarpata, donde sí hay buses grandes y baratos.
- ¿Cree usted que ha habido una falta de planificación o voluntad para impulsar el SIT?
Por supuesto. No estamos hablando de un sistema complicado; se trata de un sistema con contratos de concesión firmados desde el año 2009. Han pasado 15 años, y aún no se implementa. Los contratos establecen claramente los tipos de vehículos, los recorridos y las flotas necesarias, pero nada de eso se está cumpliendo…
- ¿Debe haber sanciones al respecto?
Aquí hay responsabilidades civiles y penales. No se puede manejar el transporte como si fuera un regalo o un asunto que se puede tratar a conveniencia. Los contratos estipulan que se deben usar buses nuevos, con frecuencias permanentes y recorridos establecidos, pero lo que tenemos son vehículos viejos, con asientos en mal estado, ventanas rotas y condiciones precarias.
Además, hay prácticas inadecuadas, como conductores que no respetan las paradas o que trabajan jornadas extenuantes, lo que pone en riesgo a los usuarios.
En ese caso, ¿qué medidas urgentes debería tomar la actual gestión para reactivar el proyecto?
Lo primero es hacer cumplir los contratos. La municipalidad debe licitar la segunda troncal, contratar a los operadores de recaudo y realizar el mantenimiento de las vías principales. Esto requiere recursos, por lo que sería necesario que el Gobierno central destine entre 50 y 100 millones de soles para que la municipalidad cumpla su parte.
Una vez que esto se haga, se debe exigir a los transportistas que también cumplan, renovando las flotas y transfiriendo los vehículos a nombre de las empresas. Si no cumplen, se deben cancelar los contratos y buscar alternativas.
